La escuela pública itinerante que instaló CTERA en Plaza Congreso contará con diversas actividades educativas y culturales en los próximos días, entre los que se destaca la participación de representantes de la Internacional de la Educación. Sonia Alesso, secretaria general de ese gremio docente, definió el espacio como un lugar “para los que sueñan con un futuro sin hambre, sin detenidos y sin ajuste”. Es un nuevo escalón del conflicto docente que ya lleva cinco semanas y exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y el llamamiento a paritaria nacional. El cronograma para este fin de semana.

Débora Procaccini es docente de plástica de la primaria 43 y la media 9 del barrio Solano, en Quilmes, conurbano bonaerense, y no duda: “Tenemos que estar como un puño cerrado enfrentando este Gobierno, que nos ha hecho retroceder años de conquistas que hemos adquirido a lo largo de toda la lucha docente. Y el límite de los palos y la represión, sea a quien sea, no lo vamos a tolerar”.

Débora es una de las docentes que se acercó a la inauguración de la escuela pública itinerante instalada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de Argentina (CTERA) frente a Congreso, luego que el Gobierno porteño habilitara su armado tras la violenta represión del domingo, que dejó decenas de heridos y dos maestros detenidos. Los maestros exigen hace cinco semanas que el Ministerio de Educación convoque a la paritaria nacional, tal como exige la Ley de Financiamiento Educativo. La jueza del fuero laboral Dora Termis falló a favor de una presentación realizada por la Unión de Docentes Argentinos (UDA) e intimó al Gobierno a cumplir con la ley, pero la respuesta del gabinete nacional fue el pedido de recusación a la magistrada.

“Nos parece atroz que se vuelvan a los palos ante hechos tan pacíficos como este”, dice la docente, que también es secretaria gremial del SUTEBA distrital. “Vienen por la personería de los sindicatos, y que ahora tengamos que estar discutiendo la importancia de la existencia de los sindicatos ha pasado el límite de toda razón. Hoy un docente en Quilmes que recién se inicia está ganando 8 mil pesos. La mayoría somos mujeres, sostén de familia, que alquilamos, cuyos maridos están changueando. Es la realidad: estamos llegando a situaciones que hemos vivido por el 2001. Y está el tema del hambre: vemos de forma palpable que ha crecido de forma exponencial. No nos alcanza la comida: seguimos con 11 o 12 pesos por pibe. La triste verdad es que estamos repartiendo la pobreza, sólo para que algunos se puedan llevar algo a casa”.

La escuela pública itinerante es una estructura de 20 metros por 4 que se construyó a partir de los aportes de los maestros y las maestras nucleadas en CTERA, el sindicato con mayor representatividad docente a nivel nacional, con más de 400 mil afiliados y afiliadas. La primera actividad fue una disertación sobre la Ley de Financiamiento Educativo y la Paritaria Nacional Docente, y luego hubo música popular con Juan Falú, Dolores Solá, Bruno Arias y Jorge Marziali. También estuvo la Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, para izar la bandera entonando las estrofas de la canción Aurora. En el palco también se vio al actor Juan Palomino y la actriz Alejandra Darín.

La paciencia docente

Alejandra Bonato, secretaria de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), dice a lavaca: “La expectativa de esta escuela es que el Presidente cumpla con la ley. En la escuela enseñamos dos cosas: las leyes se cumplen y no se pega. El Presidente no cumple con ninguna de las dos. Esperemos que con esto entienda, ya que hay un eco en todo el pueblo argentino para que se dé cuenta que lo único que estamos pidiendo es que no nos pegue y que cumpla con la Ley de Financiamiento Educativo, que en su artículo 10 impone, indica y obliga a llamar a la paritaria nacional. También lo obliga el artículo 14 de la Constitución Nacional, que dice que el Estado debe ser el garante de la educación en todo el país”.

¿Si no cumple?

“Nosotros le vamos a enseñar”.

¿Cómo analizan la política del Gobierno hacia los docentes?

“Es su campaña para octubre. No es política esto: es una lógica patronal. Macri está endureciendo su núcleo duro. Su postura es represiva. Por eso los trabajadores nos tenemos que cuidar mucho, pero seguir luchando. Somos obstinadamente maestros: no vamos a abandonar hasta que el Gobierno cumpla con la ley”.

Las cosas que queremos

La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, inauguró la escuela con un discurso que arrancó con el pedido de solidaridad con los trabajadores de AGR-Clarín que en ese momento marchaban hacia el Ministerio de Trabajo para exigir la reincorporación de los más de 300 despedidos. Uno de ellos se subió al palco, desde la calle tronó: “Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode”.

Alesso: “Vamos a lograr vencer porque tenemos paciencia, porque tenemos memoria y porque honramos la historia de esta organización que tiene más de 600 maestros desaparecidos y asesinados, y parte de su junta directiva. Por eso traemos a la memoria a Isauro Arancibia (asesinado el 24 de marzo de 1976), Marina Vilte, Eduardo Requena (secuestrados y desaparecidos en 1976), Alfredo Bravo (secuestrado desde 1977 a 1979, fallecido en 2003), Mary Sanchez y Stella Maldonado (fallecidas en 2016 y 2014). Son compañeros y compañeras que han honrado la lucha docente, que han peleado también en momentos adversos. Nos quieren sumisos, amordazados y arrodillados, y vamos a demostrar cómo lo venimos haciendo que de sumisas no tenemos nada, que mordazas jamás y que vamos a construir otro escalón más en la historia de lucha de nuestra organización y del magisterio argentino.”.

Alesso subrayó que CTERA es una organización que merece respeto y no van a permitir que ensucien la organización: “No voy a permitir que ningún conductor manche a la escuela. Que se cuiden, porque vamos a defender nuestras ideas: esta es una lucha de ideas, jamás apelamos a la violencia. Y esa batalla la damos todos los días”. Luego Alesso sacó de su guardapolvo una hoja: eran una líneas de un texto de Rodolfo Walsh llamado Hay cosas que sería útil que fueran dichas, en el que detalla las cosas que quiere y las que no.

Alesso leyó textual:

“Las cosas que quiero: mis hijas, el trabajo, los compañeros, el futuro, los que no obedecen, los que no se rinden, los que piensan y forjan y planean, los que actúan, el análisis claro, la revelación de lo escondido, el método cotidiano, la furia fría, la alegría general que ha de venir un día, la gente abrazándose, la pareja en su amor, la esperanza insobornable, la sumersión en los otros”.

Y cerró: “Por ese amor a la escuela pública, por esa esperanza, esta escuela es de todos. Es de los que luchan. Es de los pibes y es de lo que sueñan con un futuro mejor sin hambre, sin detenidos, sin ajuste. Fuerza y bienvenidos. Como decimos acá: la escuela argentina enseña, resiste y sueña”.

El cronograma de actividades para los próximos días es el siguiente:

• Jueves 13, 11 horas: proyección del documental 10 años sin Carlos, 10 años sin justicia completa. Disertación: No se reprime a los maestros.
• Viernes 14, 15 horas: grupo de artistas visuales Estanpueblo. Convocan a llevar guardapolvo o remera para intervenirla artísticamente. A las 18 horas habrá música con orquestas infantiles.
• Sábado 15, 15 horas: taller de bombos y recital de La Chilinga. También estará el grupo de artes visuales Ricardo Carpani, con taller de stencil. A las 19 hs, obra de teatro.
• Domingo 16, a las 16 horas: grupo Cine y tablas. Títeres y actores.
• Lunes 17: Representantes sindicales docentes de la Internacional de la Educación, de Europa, América Latina y Estados Unidos. Con la presencia de David Edwards, vicepresidente de la Internacional de la Educación.

Araceli Fulles, 22 años, desapareció el 1° de abril y su familia la busca desesperadamente desde el primer día. Sin embargo, la policía recién comenzó a investigar 10 días después, los medios comerciales desfiguraron la información y la familia recibe barbaridades y pistas confusas en el celular que difundieron para recibir datos. Este sábado organizan una volanteada en José Léon Suárez y el lunes, otra marcha a los tribunales de San Martín. Se repite, una vez más, una realidad que duele y desnuda la maquinaria de violencia contra las mujeres: las víctimas buscando a una víctima.

“La policía recién se empezó a mover 10 días después de la desaparición de Araceli, cuando apareció el cuerpo de Micaela: recién ahí”, dice a lavaca Marcelo Fulles, 39, hermano mayor de Araceli Fulles, la chica de 22 años desaparecida el 1º de abril en San Martín. “Y los medios tampoco nos escucharon, mientras decían cualquier barbaridad sobre Araceli” completa Marcelo. Araceli sigue desaparecida, y su familia cree que puede estar secuestrada, de acuerdo a algunos de los llamados que reciben.

Marcelo: “Mucha información no tenemos. No hay novedades. Nadie más la vio, ni tuvo noticias. Ni las amigas: nadie sabe nada.  Recibimos llamados, algunos te dan para pensar eso de que la tienen encerrada en alguna parte, pero muchos son puras mentiras. No se entiende para qué lo hacen con una familia que está buscando desesperadamente a una hija”.

La familia organizó movilizaciones durante todos estos días, reclamando a la Municipalidad de San Martín y a la policía cosas como las que planteó Mónica, la madre de Araceli: “Que hagan algo, que por lo menos nos escuchen”.

Marcelo reconoce que tampoco los medios de comunicación convencionales se dedicaron a escuchar: “Salieron a decir cualquier cosa, que era adicta, chorra, borracha. Que estaba en una fiesta. No sé por qué los medios tardaron tanto en escucharnos, pero encima iban diciendo cualquiera. Te juro que no entiendo”. El último dato sobre Araceli es un whatsapp a su madre: “Poné la pava que voy a tomar unos mates”.

Otra aclaración del hermano de Araceli: “El accidente que tuvo en el muslo lo difundieron como que era un ajuste de cuentas entre grupos, y es otra mentira total. Lo que le pasó es que hubo una pelea en un cumpleaños, y la lastimaron con un cuchillo en el muslo cuando se metió a separar. Una puñalada es otra cosa: un agujero. Ahí ves que buscan difundir algo para llamar la atención, pero no para encontrar a Araceli” dice sobre lo que su hermana publicó en Facebook, mostrando esa herida. Marcelo traza la diferencia entre un barrio y  una realidad a veces así de hostil, y el automatismo mediático de considerar todo eso bajo el paradigma de lo delictivo.

Otra definición que asombró a Marcelo Fulles: “Como hubo una marcha pidiendo que aparezca Araceli, salieron en Crónica a decir que somos pìqueteros. Después lo arreglaron, pero ya estaba hecho”.

En esa marcha justamente, el 12 de abril, Mónica dijo: “Por el amor de Dios, devuélvanme a mi hija, que la Justicia la busque”. Relató que la serie de allanamientos y rastrillajes policiales en San Martín se inició por los llamados que la familia estaba recibiendo: “La gente que me llama al celular tiene miedo, no quieren decir quiénes son, pero me dicen que mi hija está en la Villa 9 de Julio, yo les dije que le sacaran una foto”. Se buscó en unas 300 viviendas de 9 de Julio, Billinghurst y La Carcova de José León Suárez, sin éxito.  

El intendente de San Martín Gabriel Katopodis sugirió que se necesitan más fuerzas federales para realizar la búsqueda. La familia planteó en un comunicado: “En San Martín hay cámaras de seguridad. ¿Funcionan? Hay lugares en los barrios de la periferia que la policía no se anima a entrar, estamos en tierra de nadie, hay guerras narcos y personas de malas costumbres que hacen lo que quieren con nuestros hijos”.

Marcelo sabe que se organizan distintas acciones (una volanteada en José León Suárez el sábado, una marcha frente a Tribunales el lunes) pero su fuente mayor de atención es el celular en el que recibe llamados, informaciones y mentiras. Allí radica la apuesta a que aparezca algún dato que permita destrabar la angustia: alguna pista que lleve hacia Araceli Fulles, 22 años, desaparecida desde el 1º de abril.

Informa Marcelo: “Lo único que tenemos nosotros es una cosa: la expectativa”.

Por eso el comunicado de la familia incluyó la siguiente frase, que debería ser un motor de búsqueda de cada hora y de cada minuto en el que una chica de 22 años continúa desaparecida: “No puede ser que a Araceli se la haya tragado la tierra”.

Dos estudiantes universitarios detenidos ilegalmente representan esta nueva violación del gobierno jujeño al Estado de Derecho, ya denunciado ante la CIDH por utilizar el Código Contravencional para justificar detenciones arbitrarias de referentes sociales. Al repudio de las autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy y organismos de derechos humanos de esa provincia se sumó el de la comunidad educativa, que realizó una conferencia de prensa en la Escuela Itinerante de Plaza Congreso.

En la noche del jueves, cuando jóvenes del centro de estudiantes realizaban un asado con la autorización del decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, la policía irrumpió en el predio universitario y detuvo  a Joaquín Quispe,  presidente del Centro de Estudiantes, y a Ignacio García, consejero estudiantil. Cuando el decano solicitó la orden del juez en la comisaría,  le respondieron que no la necesitaban porque había una fiesta y eso era una contravención. De esta manera, el gobierno de Jujuy volvió a violentar el Estado de Derecho, ejecutando detenciones ilegales con la excusa de una norma municipal.

El uso por parte del gobierno jujeño del Código Contravencional para reprimir manifestaciones sociales fue justamente lo que denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y Amnistía Internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo pasado. “Se utilizan figuras contravencionales para intentar justificar detenciones arbitrarias de referentes sociales”, sintetizó el CELS. En esa audiencia El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, expresó el peligro de convertir los Códigos Contravencionales en herramientas de criminalización.

Ante estas nuevas detenciones ilegales diferentes organismos de derechos humanos de Jujuy advirtieron en un comunicado:  “La interpretación armónica del sistema legal no le permite a las fuerzas policiales hacer lo que hicieron.  El Código Contravencional  es una norma de rango inferior en el sistema legal argentino, no puede ser excusa para dejar de lado la Constitución” y destacaron: “No podemos olvidar que la autonomía Universitaria tiene rango Constitucional expreso, articulo 75, inciso 19 y que esa autonomía universitaria es producto de una larga lucha”.

Frente a estos hechos, rectores, representantes de gremios docentes y de centros de estudiantes universitarios manifestaron hoy su repudio en una conferencia de prensa realizada en la Escuela Itinerante que el gremio de CTERA montó en plaza Congreso.  Los docentes plantearon: “Alterar la supremacía de las leyes por las ordenanzas es antidemocrático y grave”.

El Ingeniero Jorge Calzoni, director de la Universidad Nacional de Avellaneda agregó: “No se puede ingresar sin orden judicial  y lo han hecho. Es una escalada de violencia que no podemos tolerar” .

El presidente de la Federación  de Estudiantes de La Plata sumó: “Docentes y estudiantes estamos viviendo en toda Argentina represión, ilegalidad y ajuste”.

Un representante de Universidad de Río Cuarto sintetizó: “Tenemos que cuidar la comunidad educativa organizada. No podemos dejar que nos repriman”.

Todos denunciaron la violencia ejercida ilegalmente sobre los estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy y señalaron: “No se puede volver a repetir porque lo que está en juego son el orden constitucional y, por ende,  la democracia argentina”.

En un comunicado, las autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy detallaron claramente cómo fueron los hechos y qué representaron:

“Ante los hechos ocurridos en la Facultad de Ciencias Agrarias, que terminaron con la detención ilegal y arbitraria de los estudiantes y referentes del claustro estudiantil Joaquín Quispe e Ignacio García, expresamos:

• Que la actividad de bienvenida organizada tenía autorización de la Facultad de Ciencias Agrarias y que es una más de las tantas actividades que se realizan desde la creación de esta Casa de Estudios.

• El operativo realizado fue a todas luces ilegal pues no respetó lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 24.521 de Educación Superior que determina: “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.

• La actitud de la fuerza policial fue un claro atropello a toda la comunidad académica de la Universidad Nacional de Jujuy, cuna de propuestas, ideas, y debates en el marco de la libertad de cátedra y la autonomía universitaria.

• La prepotencia y arbitrariedad con la que actuó la fuerza policial representa, muy especialmente, una gravísima actitud de amedrentamiento hacia los jóvenes universitarios y sus instituciones.

• Condenamos el maltrato físico a los estudiantes, constatado y denunciado formalmente.

• Refutamos las explicaciones esgrimidas por las autoridades policiales por cuanto no se actuó conforme a derecho, porque los registros audiovisuales existentes y las declaraciones de los propios estudiantes confirman que las detenciones no fueron en la calle, que existió un operativo desmedido y que el ingreso al predio de la Facultad de Ciencias Agrarias se realizó forzando la puerta de acceso sin orden de un juez o solicitud de autoridad competente.

• Las adhesiones y muestras de solidaridad expresadas en todo el país y América Latina confirman la gravedad de los hechos, pese a que algunos sectores aún intentan instalar la idea de “simple controversia” o bien estigmatizar y desacreditar a los estudiantes universitarios.

Por todo ello, las autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy manifestamos nuestro absoluto repudio, dejando expresamente planteada nuestra preocupación por los hechos ocurridos, exigiendo las explicaciones correspondientes para que no se vuelvan  repetir estas acciones y renovando nuestro compromiso con una sociedad libre, justa, inclusiva y fortalecida por la defensa irrestricta de los derechos más elementales”

Rodolfo Tecchi Rector

Mario Bonillo Decano Facultad de Ciencias Agrarias

María Rosa Grisolía Decana Facultad de Ciencias Económicas

Ricardo Slavutsky Decano Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Gustavo Lores Decano Facultad de Ingeniería

A pesar del contundente fallo dictado por la Corte Suprema provincial, un nuevo caso revela cómo la salud pública no cumple con las obligaciones que dicta la ley. Esta vez, la víctima de esa violencia institucional es una joven de 19 años, denunciada por un médico y criminalizada por el Ministerio Público Fiscal por presumir un aborto inducido. La autopsia reveló que se trató de un aborto espontáneo, por lo cual el juez ordenó el cese de la medida privativa de su libertad, pero la causa sigue abierta. Hoy, la abogada Soledad Deza hará dos presentaciones para exigir que en esa provincia se cumpla la ley.

El martes pasado una tucumana de 19 años llegó con un aborto en curso al Hospital del Este Eva Perón, en la ciudad de Banda del Río Salí. De acuerdo a lo reconstruido por agencia tucumana APA! se le colocó goteo para que expulse el feto sin vida de “aproximadamente 22 semanas de gestación y al mismo le faltaban sus dos extremidades superiores”, según detalla el acta policial. La chica explicó que durante la mañana sintió un bulto en su vagina y al tirar de él se dio cuenta que eran los brazos de un feto, por lo que se dirigió al hospital. Según fuentes hospitalarias el médico que la atendió, Lucas Carbonell, la denunció y la ayudante Fiscal de turno, Fernanda Antoni, dio intervención al médico policial, quien solicitó que la policía se constituya en el domicilio de la joven, que quedó detenida y con custodia.

Días después le retiraron la custodia policial, pero la causa no se cerró.

El abogado de la familia, Roberto Vicic, explicó: “Con la autopsia que se realizó en la morgue, en la justicia se dieron cuenta de que fue todo de forma natural. Con este informe de los forenses, el juez Alejandro Tomas ordenó el cese de la medida privativa de la libertad”.

Y agregó: “Hubo un gran revuelo en el hospital y mucha gente le aconsejó a la chica que denunciara a uno de los médicos, que decía que había sido un aborto inducido. Según el argumento de este profesional, la joven no podía no saber que estaba embarazada, pero lo cierto es que no es así. Es una muchacha que vive en el campo, que no tiene el acceso a la información que sí poseen otras chicas y la verdad es que estaba muy flaquita”

El caso involucra una vez más a un hospital público de  Tucumán, provincia en la cual recientemente la Corte Suprema Provincial absolvió, por unanimidad y en un fallo histórico, a Belén, joven que estuvo presa casi 900 días por un aborto espontáneo. En ese fallo se determina que el secreto profesional es una obligación de todo el personal dedicado a cuidados médicos. Todos, incluido el médico que denunció a esta joven.

Dice este fallo: “El deber de guardar el secreto profesional tiene sólidos fundamentos éticos y jurídicos” y detalla que su violación implica incurrir en un delito tipificado por el artículo 156 del Código Penal y, en esa provincia, es violatorio además de la Ley N°  6.952 que dispone los derechos de las y los pacientes “ a que se respete la intimidad y la confidencialidad”.

Nada de esto ocurrió en este caso.

Soledad Deza, abogada de Belén, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y de la Mesa por la Libertad de Belén, dijo a lavaca: “Tenemos que pensar por qué frente a un evento obstétrico adverso interviene la policía, interviene el Ministerio Fiscal, solo porque hay un quiebre del secreto profesional. Por un lado, los profesionales de la salud que no pueden revelar los datos que conocen en el marco de la atención sanitaria;  por otra parte, el Ministerio Público no debe abrir una causa que es producto de la violación del secreto. Y si está abierta, debiera archivarla”.

Hoy lunes las organizaciones que conforman la Mesa por la Libertad de Belén van a realizar dos presentaciones: una ante el Sistema Provincial de Salud, “alertando sobre esta violación del secreto profesional que entendemos que en esta provincia es sistemática”, y otra presentación la harán ante el Ministerio Público Fiscal “porque consideramos que sin la actuación del Ministerio Público una paciente no tiene una causa judicial”.

Con guión del director Luis Puenzo y la autofilmación como recurso, se filmó este video que de forma muy didáctica explica qué derechos están en riesgo con la intervención del INCAA y por qué toda la comunidad cinematógrafica está dispuesta a defenderlos. Horas después, la actriz Verónica Llinás intervino ese spot para intercalar los comentarios al estilo de uno de sus populares personajes de tevé. Así se inició una campaña que acompaña las acciones de la asamblea del sector, que hoy se reunió al mediodía en la puerta del INCAA. La defensa de la Ley de Cine fue unánime y explícita: reunió sin grietas a toda la comunidad, desde la industrial hasta la autogestiva, desde directores hasta estudiantes, desde estrellas hasta independientes, al grito: “No a la destrucción del cine argentino”.

El parlamento de El Salvador aprobó una ley sin precedentes en el mundo: prohibió totalmente la minería metálica y el uso de cianuro y otros químicos tóxicos en esa actividad. “Es increíble ver que en este país tan polarizado y conflictivo, acostumbrado a resolver los problemas de forma violenta, de repente el tema de la minería haya logrado consenso y permitido que partidos con diferentes ideologías y orientaciones se unan ante una demanda que venía desde la sociedad”, comentó uno de los especialistas que redactó el proyecto al que pudo acceder Brecha. El rol de la iglesia y el cuidado del agua como claves para cambiar la historia.

Por Marcelo Aguilar para Brecha

Las noticias sobre El Salvador generalmente vienen manchadas de sangre. En 2016, según datos oficiales, se registraron 5.278 asesinatos en este país que desde hace varios años es uno de los más violentos del mundo, y que vive un crudo conflicto interno cuyos principales actores son las maras (pandillas) trasnacionales M-13 Salvatrucha y Barrio 18, y el Estado salvadoreño. Pero el miércoles 29 de marzo El Salvador se destacó por una razón muy diferente: aprobó una ley que prohíbe la minería de metales en todo el país. Una amplia mayoría de legisladores –70 de 84 diputados, tanto oficialistas como de la oposición– votaron a favor del proyecto de ley. El texto definitivo aún no ha sido publicado en el Diario Oficial, pero Brecha accedió al documento aprobado. La nueva ley, única en el mundo, prohíbe las actividades de “exploración, extracción, explotación y procesamiento de minerales metálicos”, así como el uso de “químicos tóxicos como cianuro, mercurio y otros”, y se aplica a la minería “terrestre, marítima y subterránea”. Todas las solicitudes de licencias o concesiones para estas actividades quedan sin efecto.

“Es increíble ver que en este país tan polarizado y conflictivo, acostumbrado a resolver los problemas de forma violenta, de repente el tema de la minería haya logrado consenso y permitido que partidos con diferentes ideologías y orientaciones se unan ante una demanda que venía desde la sociedad”, comentó a Brecha Andrés McKinley, especialista en aguas y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca), uno de los redactores de la ley.

Trasnacionales

El Salvador no es un país con fuerte tradición minera, y mucho menos a gran escala. La minería comenzó a preocupar a la sociedad en 2002, cuando empezaron a conocerse las solicitudes de explotación minera que se estaban presentando. Uno de los principales proyectos en cuestión era el de la empresa Pacific Rim –subsidiaria de la canadiense-australiana Oceana Gold– en el departamento de Cabañas, y otro de la empresa canadiense Martinique, en Chalatenango, ambos en el centro-norte del país.

Según Alejandro Labrador, miembro de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica –un frente de movilización que reúne a varias organizaciones sociales en El Salvador–, el proyecto de Pacific Rim, llamado El Dorado, fue la expresión más concreta de que las empresas trasnacionales estaban apostando por la minería a gran escala en el país. El proyecto “se convirtió en una amenaza real, porque (Pacific Rim)avanzó fuerte a través del lobby, y presionó para obtener los permisos”, aseguró Labrador a Brecha.

Cabañas es uno de los departamentos más pobres del país centroamericano y con menos disponibilidad de agua, según McKinley. Además fue muy afectado por los años de guerra civil (1981-1992). “Ahí hay familias de ex patrulleros –que hacían el trabajo sucio de las fuerzas armadas–, viviendo a la par de familias de ex guerrilleros. Entonces, este ya era un terreno de polarización. Antes de llegar esa empresa el pueblo estaba luchando para sanar las heridas de doce años de guerra civil, trabajando para aprender a vivir y construir un futuro juntos. Pero cuando entró Pacific Rim se volvieron a generar divisiones. Ahora entre los que creían que podían obtener beneficios de la minería y quienes pensaban en preservar el agua y los recursos naturales. El tema de la minería volvió a hacer de Cabañas un departamento conflictivo y violento”, relató el especialista.

Paralelamente, en Chalatenango, explicó Labrador, las comunidades contaban con una mayor experiencia organizativa: “La persecución militar (durante los años de guerra civil) las había obligado a gestionar sus propios recursos y diseñar sus propios mecanismos para hacer andar la vida comunitaria”. Esto permitió, según Labrador, que la presencia de las empresas mineras fuera “detectada, desnudada y señalada como una amenaza, a tal grado que les cerraron el paso”.

Lucha sangrienta

No obstante, en un principio las comunidades carecían de información suficiente sobre la minería para determinar si representaba una oportunidad o una amenaza. “Tuvieron que entender qué podía significar una mina en su territorio, para organizarse, y para eso miraron hacia el resto de los países de Centroamérica que ya estaban sufriendo las consecuencias de la explotación minera. Visitaron minas como la San Martín, en Valle de Siria, Honduras, y conocieron de primera mano la experiencia de los pobladores, que les mostraron cómo conviven con explosiones periódicas de dinamita, cómo sus aguas están contaminadas, y cómo se han quedado enfermos y sin sus tierras”, relató McKinley.

De este trabajo nació la Mesa Nacional contra la Minería Metálica y también la resistencia de las comunidades salvadoreñas a la industria minera. Una larga lucha que le costó la vida a Dora Sorto, Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Francisco Durán, líderes comunitarios de Cabañas que se oponían al proyecto minero y fueron asesinados por pandilleros contratados como sicarios, según la Fiscalía General.

De a poco se fue construyendo, desde la sociedad civil y la academia, una opinión pública que cuestionaba la minería como un sector viable, explicó a Brecha Ricardo Navarro, que integra el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (Cesta-Amigos de la Tierra) y que recibió el premio Goldman (conocido como el “Nobel del ambiente”) por su trabajo en la reconstrucción ambiental de El Salvador después de la guerra civil. Según Navarro, llegó un momento en que la lucha antiminera se estaba dando en todos los niveles de la sociedad salvadoreña, y generó consenso también en los círculos políticos, lo cual hizo posible la aprobación de la ley.

Tiro por la culata

Un hecho que contribuyó a consolidar ese consenso fue la demanda presentada en 2009 por la empresa Pacific Rim contra el Estado salvadoreño. La minera denunció ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) –órgano del Banco Mundial– supuestas “pérdidas de beneficios” por la no concesión de permisos de explotación de El Dorado. En caso de perder el arbitraje, El Salvador debía pagar unos 250 millones de dólares a la empresa, algo que generó mucho rechazo entre los salvadoreños y provocó varias movilizaciones.

En octubre del año pasado el Ciadi determinó que no le daría la razón a la empresa y le ordenó a Pacific Rim pagar 8 millones de dólares al Estado por gastos de representación, algo que todavía no ha hecho; pero la decisión de la institución significó un triunfo para la causa antiminera. En opinión de Silvia Quiroa, de Cesta, el diferendo y su desenlace “alertaron y dieron valor al gobierno y a las instituciones del Estado”, al tiempo que terminaron demostrándole a El Salvador que no era conveniente apostar por la minería.

Cabe señalar que en este país la minería no genera simpatía desde hace tiempo. Un estudio de opinión realizado por la Uca en 2007 mostró que 62 por ciento de la población “potencialmente amenazada por la minería metálica” pensaba que el país no es apropiado para esta industria. En 2015 ese estudio fue replicado y mostró que el rechazo había aumentado a un 75 por ciento. Otro dato que generó ese estudio, no menos importante, es que en estas comunidades 85 por ciento de las personas encuestadas dijo que no querría trabajar en un proyecto minero.

Iglesia antiminera

La Iglesia Católica jugó un papel determinante en la aprobación de la ley antiminera, a través de un trabajo importante de campaña y de presión en diferentes niveles de la sociedad. En marzo organizó una gran marcha encabezada por el arzobispo de San Salvador para exigir una ley que prohibiera la minería, y logró convocar a unas 2 mil personas que marcharon rumbo al parlamento. También organizó campañas de oración y recogió 30 mil firmas en apoyo de dicha ley. “La Iglesia es un enorme poder en el país, y siempre se ha venido oponiendo a la minería”, apuntó McKinley. “Con el proyecto de ley en la mano (que había redactado la Uca) se puso más beligerante en sus demandas frente al Estado, y cuando además de denunciar pasó a acompañar a las comunidades (en sus movilizaciones) eso cambió la correlación de fuerzas en el país” y generó presión en los sectores políticos.

Enfrentados ya a una propuesta concreta para reformar la ley sobre minería, las empresas intentaron convencer al gobierno y a los legisladores de que aprobar dicha reforma significaría rechazar un botín fiscal y económico. Sin embargo, un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) mostraba que el impacto de esta regulación sería “poco significativo en cuanto a pérdida de ingresos públicos”, ya que en 2016 la minería había aportado a las arcas públicas cerca de 600 mil dólares, lo que equivale al 0,001 por ciento del presupuesto público de ese año. En otras palabras, el funcionamiento del Estado salvadoreño no estaba en juego. Además, señaló el Icefi, en el mediano plazo la aprobación de la ley “elimina los riesgos fiscales asociados con la recuperación futura del ambiente, atención y compensación a las comunidades afectadas por los daños ocasionados por actividades mineras en el país, que pudieran haber sido ejecutadas al amparo de un débil marco legal e institucional”.

Visita filipina

En un acto simbólico, en la semana en que se aprobó la ley, Carlos Padilla, gobernador de la provincia de Nueva Vizcaya, en Filipinas, donde se suspendió el permiso de operar de la empresa Oceana Gold, visitó El Salvador y fue recibido en el parlamento salvadoreño y por el propio presidente, Salvador Sánchez Cerén. Padilla hizo varias intervenciones públicas y le dedicó una carta al pueblo salvadoreño, donde relató cómo el proyecto minero de Oceana Gold profundizó las divisiones sociales y “ha violado los derechos humanos”. Una comisión filipina que investigó denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidos por Oceana Gold contra la comunidad concluyó que la empresa violó “el derecho a la residencia, a una vivienda digna, a la libre circulación y libertad, a la seguridad e integridad personal, y el derecho de la comunidad indígena a manifestar su cultura e identidad”. También señaló un incremento en la “incidencia de robos y hurtos” y “enfermedades pulmonares entre los residentes”.

Ante la presión social y la proximidad de las elecciones legislativas y municipales, programadas para marzo de 2018, la mayoría de los sectores políticos respaldaron la propuesta. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), actual fuerza de gobierno, ya había apoyado una iniciativa similar –cuando era oposición– promovida por los movimientos sociales en 2006, pero no consiguió los votos necesarios para aprobarla por el parlamento. Esta vez la prohibición de la minería logró reunir el apoyo tanto del oficialismo como de la derecha. “El agua le ha ganado al oro”, declaró el diputado Johnny Wright, del partido ultraconservador Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuyo himno partidario incluye la frase “El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán”.

Desafíos

“Quizás los diputados no se han dado cuenta de lo que han firmado”, comentó Navarro. “Creo que de pronto surgió una histeria colectiva positiva, todos nos inspiramos, y hasta monseñor (Oscar Arnulfo)Romero puso algo de su parte”, dice en referencia al sacerdote y defensor de los derechos humanos y de los pobres asesinado mientras celebraba misa, el 24 de marzo de 1980, en los orígenes de la guerra civil.

La ley todavía deberá ser firmada por el presidente, Sánchez Cerén, y reglamentada. Pero más allá de eso el gran desafío es asegurar su cumplimiento. En este sentido, McKinley señaló la importancia de que la empresa Oceana Gold abandone el país, “porque no es cierto que hay cien por ciento de acuerdo en este país sobre la prohibición, hay sectores a los que no les gusta, y no queremos darle oportunidad de consolidar esfuerzos y acciones junto a esta empresa que ha demostrado ser una entidad tan sucia y deshonesta”, opinó. Otro gran reto para El Salvador es acabar con la minería artesanal en pequeña escala, que también contamina el agua con su drenaje ácido. La nueva ley votada establece un plazo de dos años para que los trabajadores dedicados a esta actividad se reconviertan a otra, para lo que contarán “con el apoyo, asesoramiento, asistencia técnica y financiera del Estado salvadoreño”.

Una oportunidad

Pero el primer paso ya está dado. “Esta victoria representa una oportunidad de repensar nuestra existencia como territorio, abre una brecha que nos obliga a pensar una nueva relación con los bienes naturales y con el mundo globalizado, un país más sustentable, equitativo y justo. Si se hubiera permitido la minería, la escasez de agua hubiera generado espirales de violencia mucho más complejas de las que tenemos actualmente”, evaluó Labrador.

McKinley está de acuerdo: “Si superponemos un mapa mundial de los conflictos sobre el agua y el ambiente y un mapa de conflictos mineros a nivel mundial, hay una coincidencia exacta; donde hay minería hay conflicto, y donde hay conflicto siempre está el peligro de la violencia, algo que El Salvador no se puede permitir seguir alimentando”.

El próximo objetivo del movimiento social que generó la resistencia a la minería es elevar a nivel constitucional la noción del agua como un derecho humano. Según el experto de la Uca, “hay intenciones de privatizarla para llevarla a las leyes del mercado, ya que en un país donde escasea, el agua se convierte en un bien con un gran valor”. Navarro y Quiroa, de Cesta, coinciden en que es vital que en su país no se sigan deteriorando los territorios más empobrecidos, y que es necesario repensar la gestión de los residuos y el avance del cambio climático, así como también buscar la soberanía alimentaria. “Tenemos muchos desafíos para mejorar las condiciones y la calidad de vida de nuestro país. El proceso es lento, pero avanza. Esta ley es un ejemplo que nos da más esperanzas y ganas de seguir luchando”, concluyó Quiroa.

Representantes de Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Costa Rica, Estados Unidos y Australia respaldaron la iniciativa docente acercándose a la carpa y subrayaron que acompañarán el reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo. Son miembros de la Internacional de Educación (IE), una organización que representa a más de 33 millones de docentes de 130 países del mundo. Su vicepresidente, David Edwards, habló con lavaca: “Esta lucha de Argentina está siendo mirada muy de cerca por todo el mundo. Que un gobierno democráticamente elegido no reconozca la importancia de la educación pública es muy preocupante”.

La escuela pública itinerante que la Confederación de Trabajadores de la Educación de Argentina (CTERA) instaló frente al Congreso hace una semana (ya la visitaron más de 60 mil personas) contó con un respaldo mundial: sindicatos docentes de la Internacional de la Educación -una red que representa a más de 33 millones de maestros y maestras de 130 países- se acercaron a apoyar la lucha que lleva más de dos meses, movilizaciones masivas, una paritaria nacional ausente, una represión con decenas de heridos y dos detenidos y un fallo judicial que exige al Gobierno respetar la Ley de Financiamiento Educativo. La presencia de la Internacional se produjo en el marco de la Jornada de Privatización y Mercantilización de la Educación a Escala Global, que contó con la participación de representantes de España, Estados Unidos, Australia, Finlandia, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Costa Rica, entre otros países de la región. Una de las presencias destacadas fue la del secretario general adjunto y vicepresidente de la IE, David Edwards, representante de Bruselas, que dijo a lavaca que respaldan “ciento por ciento” la lucha docente y están comprometidos en llevar la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la UNESCO.

–¿Qué evaluación hace del conflicto en Argentina?

-Por un lado estoy feliz de ver tantos compañeros juntos en la lucha hablando de la escuela pública, pero por otro lado pienso que no deberíamos estar haciendo esto. El conflicto me preocupa mucho: los ataques personales a líderes sindicales, la represión a una simple expresión de voces en una democracia, que la policía responda tan fuertemente a eso. Recuerdo que hace unos años hablar de Argentina era hablar de un país donde todo se había privatizado y donde se estaba empezando a construir un país más igual. Había muchas expectativas, el mundo estaba mirando esa época diciendo que no iban a permitir que sólo un par de familias manejen los grupo de comunicación. Hicieron leyes a través de movilizaciones sociales. Ahora es al revés: los docentes internacionales estamos muy preocupados porque Argentina siempre fue una luz en la oscuridad. Y lo estamos viendo en muchos países: está pasando en Brasil, en Estados Unidos, en Inglaterra. Estoy viajando por todo el mundo de crisis en crisis constamente, y pienso: ´Por lo menos Argentina debiera estar bien´. ¡Pero vengo aquí y es una locura!.

-¿Cómo se vio la represión desde el exterior?

-Fue increíble. Recibía los mails y decía: “¿Es real? ¿Esto está pasando en Argentina, por Dios?”. ¡Recibían puñetazos! Parecía como si estuviéramos mirando a Turquía (allí despidieron a 15 mil docentes por firmar sólo una carta de protesta) o lo que pasa en Ucrania. Estamos muy preocupados y vamos a vigilar mucho: vamos a ver qué necesitamos hacer.

-¿Cómo ve la administración del gobierno en este aspecto?

-Yo lo comparo mucho a Macri con Trump: está desmantelando todo lo que hubo antes para ir negando todo lo que fue ganado y construido en la gestión anterior. Veo que Macri es lo mismo: está desarmando cada beneficio y cada lucha. Son muy preocupantes sus comentarios sobre la educación pública y privada. Lo que dijo es mentira: la educación pública es mucho mejor que la privada en muchos países. Es fundamental para la democracia. Que un presidente democráticamente elegido no reconozca la importancia de la educación pública para tener bien informada a su ciudadanía para que así sea capaz de tomar decisiones, es muy preocupante. Y eso me da a pensar otra cosa: no le interesa tener un pueblo educado de esa forma.

“Vamos a ganar en la solidaridad”

Otros representantes de la IE hablaron en una conferencia en la escuela itinerante durante la tarde. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile, dijo: “Nosotros sí sabemos de privatización, de mercantilización, de cuando la educación se convierte en un negocio. Somos uno de los ejemplos más desarrollados de la política privatizadora, que son muy dañinas: se instalan intereses brutales, que empiezan a perpetuarse a sí mismos. Después cuesta mucho revertir esos procesos. Llevamos más de 10 años donde estamos empujando como sociedad para cambiar esas políticas privatizadoras. Hemos sacado 1 millón de personas a las calles para expresar con contundencia. Hay encuestas que dicen que el 80 por ciento de la población chilena quiere un cambio en la educación. Por eso es importante que esas políticas no avancen. Lo que hacen hoy con la escuela itinerante y lo que hicieron con la Carpa Blanca es un bien para el país y para todos”.

Eladio Benítez, de la Unión Nacional de Educadores (UNE) de Paraguay: “En este momento estamos en momento crítico. Es la misma línea política que este Gobierno. Por eso digo: este es el templo de la resistencia de los docentes argentinos. Están dando cátedra a la ciudadanía argentina, a  Latinoamérica y al mundo de cómo debemos resistir para defender la educación pública”.

Angelo Gavrielatos, director de Proyectos de la IE y ex Presidente Federal de la Unión Australiana de Educación): “Ustedes y nosotros no deberíamos estar acá. Lo que cada Gobierno necesita aprender es que cuando atacás a la escuela pública todos los maestros vamos a estar defendiéndola. Nunca nos vamos a callar. No es cuestión de ganar o perder: es que se nos va la vida defendiendo la educación pública. Esta lucha de Argentina está siendo mirada muy de cerca por todo el mundo. Y les aseguro que nosotros vamos a hacer lo que haya que hacer y más: vamos a ganar en la solidaridad”.

Próximas actividades

Desde CTERA subrayaron que ya iniciaron gestiones para continuar las actividades en la escuela pública itinerante, pese a que el Gobierno había deslizado que el permiso era sólo por una semana. Todavía no hay novedades respecto al llamamiento de la paritaria nacional. Por otro lado, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, estiró en un punto la oferta salarial a los docentes bonaerenses: pasó del 19 al 20 por ciento, incluyó un ítem por presentismo y el planteo de firmar un acuerdo por tres años. Los gremios lo rechazaron.

Las actividades de la escuela pública para este martes:

• 16 horas: Clase pública a cargo del Decano de la Facultad de Ciencia Sociales de la UBA, Glen Poltosky.
• 17 horas: “Diálogos”, con Horacio González y Daniel Santoro.
• 18:30 horas: “El ajuste en ciencia, universidad y educación”. Colectivo Ciencia y Técnica Argentina, panelistas: Daniel Filmus, Sandra Carli, Ana Franchi, Rolando González – José, Carolina Mera.
• 19:30 horas: “Política científica, política universitaria y modelo de país”. Científicos y Universitarios Autoconvocados Bs. As. Panelistas: Daniel Jones, Judith Naidorf, Nuria Giniger, Cinthia Wanschelbaum, Rocco Carbone.

En la plaza central de la localidad de San Martín la familia y vecinos de Araceli Fulles realizaron una nueva acción para exigir su aparición con vida. Tras 18 días, todavía no hay ninguna pista concreta. Su mamá insiste: “No puede habérsela tragado la tierra”. El miedo y la desconfianza en la justicia del barrio está presente en un caso en el que el Estado tampoco aparece.

El colectivo acaba de pisar San Martín y lo primero que se ve es la foto de Araceli. Nos mira desde un afiche, los ojos le brillan y sonríe. Nos mira y no podemos mirar para otro lado.

Tiene 22 años, desapareció el sábado 1° de abril y desde entonces la familia la busca desesperadamente.

Una y otra y otra foto en afiches, carteles, volantes.

“¿Apareció esa mina?” pregunta un pibe desde el colectivo, mirando el patrullero frenado en el semáforo que tiene la foto pegada en el vidrio. “Todavía no”, le contestan.

Te estamos buscando

En la Plaza San Martin reparten la foto de Araceli Fulles y un número de contacto. Los carteles claman: “Viva la queremos”, “Te estamos buscando”, “Seguimos luchando”. Las mujeres sostienen banderas que dicen “Aparición con vida YA”.

El grito es urgente. Araceli está desaparecida desde hace dieciocho días.

La familia realizó la denuncia en la Comisaría 5ta.de Billinghurst. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de San Martín y la fiscal es Graciela López Pereyra.

Las recientes novedades fueron el hallazgo de una pulsera y una cartera en los rastrillajes cercanos a la Villa 9 de Julio. La familia descartó que las pertenencias sean de Araceli, pero dentro de la cartera había un papel escrito con su letra.

Marcelo, su hermano mayor, dijo a lavaca: “Yo creo que ahora están haciendo el trabajo como corresponde”.

¿Qué respuesta le dio la fiscal con respecto a su labor?

“La respuesta que me dio es que yo ahora puedo ir a sacarle fotocopia al legajo y puedo investigar qué están haciendo”.

Investigar si investigan.

En medio de la entrevista Marcelo se quiebra en llanto. No puede seguir hablando. Los familiares se abrazan y contienen unos a otros. La gente que los rodea comienza a aplaudir y a corear el nombre de Araceli.

La acción en Plaza San Martin es la última de muchas que viene sosteniendo la familia. Desde el primer día salieron a buscarla. El Estado, en cambio, no da respuestas.

“Son todas hipótesis. Nos están marcando diferentes lugares, pero no hay nada concreto”, dice a lavaca Andres, otro de los hermanos.

Y se aferran al celular en el que reciben los llamados porque, como dijo Mónica, mamá de Araceli, en un comunicado: “No puede ser que a Araceli se la haya tragado la tierra”.

Voces de mujeres

Ofelia es de Villa La Rana, uno de los barrios en los que se hizo operativos de búsqueda. “Fue la policía, entraron a casas, pero nada”, dice.

¿Qué pasa en el barrio?

“Hay una realidad: hay un montón de violencia y la justicia no hace nada. Estamos desprotegidos totalmente. Estas cosas en el barrio están, lo que no está presente es el Estado, la comisaria y la justicia”.

Silvia suma su mirada: “Acá hay una red de complicidades que, lamentablemente, se van dando en distintos casos. El problema es que hay mucho miedo en los vecinos del barrio. Algunos dicen haberla visto, pero hay mucho miedo de ir a declarar porque los que son testigos protegidos, a la hora del juicio oral terminan teniendo que poner la cara y la experiencia con la justicia acá no es buena”. Y agrega: “La realidad es que muchas veces en el barrio la seguridad, incluso de las compañeras que sufren violencia machista,  no la hace la policía: la hacen los propios narcos. Entonces, si para que se respete a una mujer hay que ir a buscar al tranza del barrio estamos en problemas”.

Sentada está una repartidora de una marca de cerveza, estar en la calle le da una visión estratégica: “Está muy peligrosa, hay muchas mafias”.

¿Qué hacemos?

“Hablar mucho con los chicos. Soy madre de cuatro chicos -dos varones y dos nenas-, todos adolescentes. Les hablo mucho, trato que se vuelquen a la música, al arte, para que ellos se puedan desenvolver como persona”.

Silvia reza: “Sólo le pido a Dios que Araceli aparezca con vida”.

Expertos de distintos países conformaron un tribunal civil que se encargó de evaluar las denuncias mundiales contra la multinacional transgénica con datos concretos y legislación internacional. El resultado es una sentencia que encuentra a Monsanto – ahora en manos de Bayer- responsable de violar derechos en salud, ambiente y propiedad, y de entorpecer la libre investigación científica de estos temas. “El Tribunal nos da la razón después de años de lucha”, dice Vanesa Sartori, una de las vecinas de Malvinas Argentinas que logró echar a Monsanto. “No cualquiera tiene el privilegio de tener enemigos en todo el mundo”, remata sobre este aval mundial. La sentencia completa y las voces de los protagonistas.

“Las acciones de Monsanto se pueden considerar ecocidio: están causando daño considerable al daño ambiente del que mucha gente vive”. Las palabras finales de Steven Shrybman, uno de los jueces del Tribunal Internacional de La Haya por el caso Monsanto, cerraron las dos horas de lectura de una sentencia que encontró a Monsanto culpable deviolaciones de derechos en salud, ambiente y propiedad, y de entorpecer la libre investigación científica en estos temas.

La sentencia llega tras el juicio que transcurrió en octubre de 2016, cuando el Tribunal Internacional de La Haya Monsanto escuchó las denuncias de 30 testigos de todo el mundo y se comprometió a “evaluar los hechos que se recriminan a la empresa Monsanto y juzgar los daños causados por la multinacional en virtud del derecho internacional vigente”. El Tribunal Monsanto es una  iniciativa civil desarrollada por Marie-Monique Robin y Vandana Shiva, entre otras referencias mundiales para evaluar la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio.

Juzgar a Monsanto: los testimonios del desastre

La investigación del Tribunal concluyó hoy en que Monsanto incurre en distintas prácticas y maniobras que afectan la salud y el medioambiente, y para probarlo se basó en legislación internacional: “Este Tribunal se apoya en el estatuto de Roma, donde dice que la intención y el conocimiento se han de tomar en cuenta intencionalmente. Este tribunal observa que no hay un obstáculo para que una corporación sea considerada responsable”. Presidido por Francoise Tulkens, de Bélgica, exvicepresidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el tribunal Internacional planteó la necesidad de “introducir la figura de ecocidio” a la jurisprudencia internacional y que las personas legales “puedan ser responsables en este tipo de delitos y hacer responsables a los gerentes de las empresas”.

En ese sentido, la sentencia que se dio a conocer hoy contesta las preguntas formuladas al Tribunal en forma de “opinión legal respecto tanto a la ley ambiental existente como a una ley prospectiva para mejorar la legislación internacional de derechos humanos y ambiental”, según palabras de la propia sentencia. En la misma, el tribunal concluye que:

1. “Monsanto se ha involucrado en prácticas que han impactado de forma negativa el derecho a un medioambiente sano”.
2. “Monsanto se ha involucrado en prácticas que tienen un impacto negativo en el derecho a la alimentación”
3. “La soberanía alimentaria también es afectada y resalta los casos en los cuales la contaminación genética de los campos forzó a agricultores a pagar regalías a Monsanto o hasta abandonar sus cultivos no-OGM debido a esta contaminación”
4. “La conducta de Monsanto afecta de forma negativa el derecho a la libertad indispensable para la investigación científica”.
5. “Que la legislación internacional debería determinar ahora de forma precisa y clara la protección del medioambiente y el crimen de ecocidio” y que “hay un riesgo importante de una brecha creciente entre legislación internacional de derechos humanos y ambientales y legislación internacional de comercio e inversión”.

La sentencia completa

Durante la jornada de ayer los jueces no sólo leyeron el documento sino que ensayaron discursos contundentes que ampliaron las implicancias de cada conclusión. Entre el juzgado internacional se encontraba también la mendocina Eleonora Lamm, licenciada en Derecho por la Universidad de Cuyo y doctorada en Derecho por la Universidad de Barcelona. Lamm dijo en su alegato que “mucha gente está viviendo con la toxicidad del glifosato” y citó las investigaciones argentinas que lo asocian con cánceres como el linfocitos no Hodkin.

Otro de los jueces, Steven Shrybman, se refirió al punto de la obstaculización de la libre investigación científica: “Necesitamos tener la oportunidad de conseguir y de buscar los datos necesarios para hacer una investigación propicia. No puede ser que las compañías sean las que nos ofrecen la información”, dijo. “Muchos científicos que han tenido problemas por haber publicado pruebas contra Monsanto. Los científicos han tenido que tomar medidas de seguridad”. De este lado del streamming, alguien en el Congreso recordó el nombre de Andrés Carrasco.

Sobre la figura de ecocidio, el Tribunal planteó que “se debe considerar un crimen atentar contra el medioambiente”, que se pueden considerar crímenes contra la humanidad el estar afectando el medioambiente”  que “se pueden considerar las corporaciones como responsables perpetradoras de estos crímenes”.

La belga Tulkens, jueza del Tribunal, concluyó: “Monsanto está dañando a comunidades agrícolas y también urbanas. Hay que dar prioridad a los derechos de la gente sobre los derechos corporativos”.

“Nos da la razón”

El Salón Illia del Senado argentino transmitió en vivo y en directo vía pantalla gigante la lectura de la sentencia del Tribunal Internacional de La Haya por el caso Monsanto. Entre los concurrentes al Congreso se encontraban el doctor Damián Verzeñassi (director del Instituto de Salud Socioambiental y responsable de la Práctica Final de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario) y Myriam Gorban (motor de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA y una de las máximas expertas en Nutrición). Verzeñassi fue uno de los 30 testigos que declararon en noviembre de 2016 frente al Tribunal: fue el único médico latinoamericano convocado. Por su parte, Gorban fue una de las especialistas que realizó en paralelo a las audiencias la Asamblea de los Pueblos, un espacio donde referentes del todo el mundo discutirán diferentes estrategias para contrarrestar los problemas causados por el modelo transgénicos.

Gorban dice a lavaca: “Llegar a estas instancias de un tribunal internacional se logra a través de la lucha de los pueblos, de sus organizaciones sociales y del aporte de los científicos que han ido aclarando y mostrando la realidad de la situación”. Y lo vincula con las últimas noticias ambientales: “Solamente al ver las catástrofes climáticas como las inundaciones nos damos cuenta que no es obra de la naturaleza, sino producto de un modelo productivo salvaje que hay detrás”.

Myriam señala los cuatro ejes más importantes que plantea el fallo: la violación del derecho a la alimentación, a salud, medioambiente y a la propiedad, y el derecho a la investigación libre. “Yo creo que nos da la razón después de 20 años de lucha. Avala el seguir profundizando en este camino e ir buscando un camino de transición para encontrar un modelo productivo, de agroecología, que nos beneficie”.

¿Cómo se hace para pasar de esta instancia civil a una que tenga implicancia legal concreta? Gorban: “Los tiempos de la justicia son muy largos, mientras esto se produce habría que aplicar el principio precautorio. Mientras duren los juicios que ya existen sobre los agrotóxicos, hasta que lleguen las sentencias finales, habría que tener medidas a favor del pueblo. Este juicio lo demuestra”.

Sentencia a la vida

Por su parte, el doctor Damián Verzeñassi destaca, en primer lugar, la importancia del Tribunal. “Nació convocado y organizado desde los movimientos sociales, que sigue la misma lógica de organización de los que juzgaron a Estados Unidos por sus crímenes en Vietnam y del Tribunal Permanente de los Pueblos que sigue las violaciones a los derechos humanos a nivel internacional. Además, hay que destacar que siguió todas las normas y procedimientos propios de la Corte Penal de La Haya: permitió construir un corpus jurídico que sienta un precedente importante”.

-¿Por ejemplo?

-Que un Tribunal integrado por jueces expertos digan que se ha producido un proceso sistemático de vulneración científica y que hayan logrado demostrar cómo operaron, es algo nunca visto: es muy fuerte que los jueces digan en voz alta que tanto gobiernos como corporaciones son cómplices del delito de ecocidio. Fueron contundentes no sólo en exigir que esa tipificación sea incorporada al Estatuto de Roma sino en plantear que debería habilitarse el sistema jurídico para juzgar a las corporaciones. El proceso fue ejemplar: los jueces reconocieron la veracidad de las pruebas y de los testimonios aportados en el juicio. Para nosotros, que una semana después de haber testificado en el Tribunal un ministro nos dijo que nuestro trabajo era “endeble” y un decano dijo que no éramos investigadores, es un reconocimiento a nuestro trabajo. Y no sólo al nuestro: que un Tribunal internacional reconozca la veracidad de las denuncias al cierre del dictamen también es un reconocimiento del trabajo de todos los que a nivel internacional estamos generando saberes y construyendo niveles de conocimiento para defender la vida. Estos fallos fortalecen la lucha y, al mismo tiempo, nos demuestran que es necesario que las personas de carne y hueso que están en los Gobiernos empiecen a hacerse cargo de sus responsabilidades.

Sí se puede

Malvinas Argentinas, Córdoba, se convirtió en una suerte de epicentro mundial de la lucha contra la multinacional Monsanto: en agosto del 2016 confirmaron el triunfo de una lucha que soportó represiones, acampes y operaciones al anunciar que la corporación abandonaba la instalación de una planta procesadora de semillas transgénicas. “La sentencia es importante”, dice a lavaca Vanesa Sartori, concejala e integrante de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. “No cualquiera tiene el privilegio de tener enemigos en todo el mundo. Eso habla del daño que ha provocado a lo largo y ancho del planeta. Es una cadena de destrucción y muerte con diferentes eslabones en distintos países. Más allá de que no tenga peso jurídico legal, es importante la cuestión simbólica de empezar a hablar de estas cuestiones para dejar en claro que no somos locos como nos quieren hacer creer, sino que somos muchos los que sufrimos las consecuencias de Monsanto”.

Verzeñassi agrega en el mismo sentido: “Lo simbólico es importante. Lo simbólico va construyendo realidad”.

Sartori subraya algo no definido por el Tribunal, referido a que la peor parte de esas consecuencias se las han llevado niños y niñas. “Incluso los que todavía no han nacido. No nos olvidamos que este tipo de agroquímicos se llevan en la sangre, a través de la leche materna. Sabemos que hay futuras generaciones de niños que van a sufrir consecuencias en el futuro: la doctora Delia Aiassa de la Universidad de Río Cuarto habla de la genotoxicidad de los agroquímicos, es decir, que afecta el ADN”, dice avalándose en otra de las investigaciones argentinas.

¿Qué es lo queda? “Ahora hay que pasar al ámbito penal, civil y comercial, y seguir investigando. Esto es escandaloso: todos los pueblos vienen denunciando este modelo para que los científicos se animen de una vez por todas a investigar. Contextualizando con lo que pasó en Malvinas, vamos sumando elementos que avalan que sí se puede, que sí vale la pena y que nunca está dicha la última palabra. Yo creo que si Carrasco estuviera vivo estaría festejando”.

Convocamos a que la foto de Araceli Fulles, desaparecida desde el 1 de abril, esté presente en todos lados para exigir que el Estado la encuentre con vida. Mañana en Capital y desde el mediodía diferentes grupos de mujeres salimos a pegar este afiche. Te invitamos a que te sumes con tu organización o que lo pegues en tu oficina, escuela, universidad, comercio y paredes de tu barrio. Todo suma para que el grito social de #AraceliTeEstamosBuscando se escuche. 

Descarga el cartel ACÁ

El día que se inauguró el BAFICI, en la puerta del cine Gaumont cientos de jóvenes, docentes, estudiantes, actores y productores de distintos sectores cortaron la calle para reafimar la defensa del cine argentino. Ante la reciente operación de prensa que provocó el desplazamiento del presidente del INCAA reclamaron que el presidente del Instituto se elija democráticamente y defendieron el Fondo de Fomento cinematográfico. Voces de una asamblea histórica.

Cine Gaumont: del lado de adentro, se proyecta la película de apertura de la decimonovena edición del BAFICI. Director, programadores, críticos, funcionarios de gobierno e invitados de renombre internacional presentes en la función. Del lado de afuera, miles de personas, directores, actores, estudiantes y docentes, algunos de ellos ligados al festival en ediciones anteriores, se concentran y cantan en defensa del INCAA y en contra de la reciente operación mediática a través de la cual el gobierno desplazó al ahora ex presidente del instituto, Alejandro Cacetta. Más que una división entre adentro y afuera, la convergencia de estas dos expresiones muestran las dos caras de un cine activo y movilizado. Gente que salía de la función se sumó a los cánticos en señal de apoyo y agrandó la movilización que gritó: el cine no se toca.

Voces de la asamblea

Universidad Nacional de Arte (UNA)

El presidente del centro de estudiantes de la UNA: “Esto es parte de ajuste hacia la cultura que está haciendo el gobierno”.

Docente de la UNA: “Detrás de esa denuncia de corrupción hay una intencionalidad más profunda. Apoyamos también a los docentes que están acá en la carpa. La lucha de la cultura y la educación es la misma”.

Realizadores Integrales de Documental

Todos sabemos que esto fue una operación. Queremos pedirle al periodismo que no sea cómplice. Que tomen partido. Que no nos invisibilicen. Queremos que toda la comunidad audiovisual decida el próximo presidente del INCAA, que sea por consenso y no se elija con el dedo.

Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC)

Docente de la ENERC: estuve en el 94, vine con mis maestros en ese momento a pedir la ley de cine. Hoy estoy de nuevo acá para que no vacíen el INCAA. Sabemos que detrás de esta operación hay artilugios para una desfinanciación. Hasta el 94 se hacían 12 películas por año. El año pasado se hicieron 170. No queremos que eso se detenga.

Llamamos a que el BAFICI, que empieza hoy, se sume a informar y acompañar el proceso de elección del nuevo presidente del INCAA. Se están diciendo muchas mentiras sobre la financiación del INCAA y su manejo.

Instituto de arte cinematográfico de Avellaneda (IDAC)

De centro de estudiantes Idac: llamamos a todos los estudiantes de cine para pelear por un plan de fomento que permita filmar sin antecedentes, ya que el actual beneficia a grandes productoras y atenta contra el cine menos industrializado.

Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA)

De SICA (sindicato de técnicos): las corporaciones vuelven a atacar, a poner sus reglas, a cambiar el paradigma de producción. Queremos decirles que vamos a dar pelea, que estamos de pie.

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU)

Estudiante de FADU: creemos que es clave abrir el debate sobre la democratización del INCAA. Que no se elijan autoridades pertenecientes a círculos empresarios que poco tienen que ver con la cultura.

Universidad Nacional de Lanús, estudiante de Audiovisión

En nuestra universidad muchos sectores populares acceden a LAeducación audiovisual, venimos del sur del conurbano. Defendemos la industria en la cual queremos insertarnos y participar. Para que todos los sectores puedan tener oportunidades. Desde el conurbano apoyamos al INCAA y defendemos la producción nacional.

Los críticos

Diego Terotola, crítico de cine

“Estoy defendiendo la autarquía del INCAA, que el Estado a través de un organismo autárquico pueda apoyar la diversidad cultural como viene haciendo el INCAA. Estoy además para que el Estado invierta en educación a través de la ENERC. La ENERC, desde los últimos años, tiene actividades abiertas a la comunidad, investigaciones en cine argentino y se crearon carreras a nivel federal, porque el cine fue siempre muy centralizado. Todo eso se dio por una gestión que se está rompiendo. Y se está rompiendo una idea de democracia que es elegir por concurso a las autoridades de la ENERC, una idea de democracia y de consenso de las personas que hacen cine. Al echar al presidente del INCAA están eclipsando una forma democrática dentro del Instituto que no tiene precedentes; el puesto siempre fue de dedo político y ahora que se logró salir de eso, quieren vetarlo”.

Diego Lerer, crítico de cine

“Está muy bien que pase esto. Si bien objetivamente todavía no se tocó el fondo, es una reacción espontanea previa a lo que podría haber detrás. Frente a esa posición, es una buena forma de evitar que pase. De anticiparse. Cuando se empezó a armar es porque se sabía que había información concreta que esto podía pasar. Es preventivo: es para decir si así estamos cuando todavía no pasó nada, si pasa… Por ahí es todo al pedo y al final no va a pasar nada; o por ahí iban a hacerlo y se echaron para atrás: nunca lo vamos a saber. En cualquier caso si pensaban a hacerlo, espero que esto les deje en claro”.

Bitácora del conflicto

• El miércoles pasado en el programa Animales Sueltos el columnista Eduardo Feinmann presentó un informe donde acusaba de corrupción al presidente del INCAA Alejandro Cacetta y al rector de la ENERC, Pablo Rovito. Tanto el informe como una serie de tuits que publicó el periodista días después- y que finalmente borró- presentaban errores básicos como los nombres propios de los acusados y las siglas del instituto de cine.
• Luego de la emisión del programa, el Ministro de Cultura Pablo Avelluto pidió la renuncia de Cacetta y Rovito y presentó una denuncia en la Oficina Anticorrupción, sin aclarar públicamente las supuestas irregularidades y casi en perfecta sincronía con la denuncia mediática.
• Cacetta había sido elegido presidente del INCAA en diciembre de 2015 por propuesta de Juan José Campanella, y luego de una amplia consulta a varias entidades del sector audiovisual que dieron consenso. Rovito llegó a su cargo por concurso público, luego de años en el mundo del cine.
• Detrás de la denuncia,  existe un conflicto político: a Cacetta le habían pedido que removiera a gerentes y personas en puestos de segunda línea que habían quedado de la gestión anterior ligada al kirchnerismo. Cacetta evitó los despidos y desde ese momento tuvo una relación tensa con varios funcionarios del gobierno. Todo indica que esa es la verdadera razón de su alejamiento, más allá de los hechos de corrupción que la Oficina Anticorrupción supuestamente investiga, que tienen que ver con sobreprecios en la compra de insumos y el alquiler de una propiedad perteneciente a Patagonik, empresa ligada a Cacetta.
• Al día siguiente de la denuncia, desde la ENERC se convocó a todos los sectores del campo audiovisual a una asamblea abierta en el cine Gaumont, a la cual asistieron más de mil personas. Además de repudiar el informe de Feinmann como una operación de prensa y de respaldar a Cacetta y Rovito  de manera unánime, se reafirmó la defensa al Fondo de Fomento cinematográfico, principal fuente de financiación del INCAA.
• Fuera de la asamblea, la operación fue repudiada desde los sectores más diversos e incluso críticos del instituto: desde productores como Adrián Suar hasta la productora independiente El Pampero que, como expresa en un comunicado, “hace más de quince años combate las políticas industrialistas y excluyentes del INCAA”.
• El INCAA es un ente autárquico y su presupuesto no depende del tesoro nacional. El Fondo de Fomento cinematográfico se constituye del 10% del precio de las entradas de cine y alquiler de películas y el 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)- ex AFSCA- proveniente de gravámenes a TV y radio. Desde el gobierno declararon públicamente que no tocarán el Fondo de Fomento, pero todo el sector audiovisual se mantiene alerta y percibe- aunque hasta ahora sean solo especulaciones- esta operación como la punta del iceberg de un recorte presupuestario.
• El lunes se realizó una movilización a la puerta del INCAA donde se reafirmó el apoyo al cine nacional y se rechazó cualquier tipo de recorte a la financiación del instituto, hecho que el gobierno volvió a negar.
• Ralph Haiek- vicepresidente de Cacetta durante toda la gestión aparentemente “fraudulenta”- asumió como nuevo presidente del instituto. Amigo de la infancia de Mauricio Macri y ligado al Partido Justicialista, Haiek trabajó principalmente en producciones televisivas, donde puso en marcha, entre otras cosas, Construir TV, el canal de la UOCRA.
• Junto con Cacetta y Rovito, fueron despedidos Raúl Seguí (Gerente de Administración), Rómulo Puyol (Gerente de Relaciones Institucionales) y Rolando Oreiro (Jefe de la Auditoria Interna del INCAA) y en su lugar ingresaron Nicolás Yoka como Gerente Administrativo y Juan García Aramburu como Gerente General.
• Nicolás Yoka, cercano a Sergio Massa, luego de la compra de terrenos para enormes emprendimientos inmobiliarios en Tigre, ocupó puestos claves en el Grupo Clarín desde los `90, primero en la gerencia de ARTEAR y luego en Radio Mitre. El puesto que ocupa hoy en el INCAA es clave en la administración de recursos.
• Fuera de la operación mediática para deshacerse de personas que ocupaban puestos clave en el instituto, aún no hay un plan oficial que indique un recorte presupuestario por parte del gobierno. Desde el ENACOM se estudia la posibilidad de una modificación de la financiación del plan de fomento, que incluiría  un nuevo gravamen a las plataformas on demand como Netflix y la actualización de determinados conceptos tecnológicos que hoy en día resultan vetustos (si bien eso es cierto, si ese fuera el problema no se necesitaría cambiar la ley). Detrás de esta inminente reforma aparentemente “técnica”, el sector audiovisual se mantiene en vilo frente a la posibilidad del desfinanciamiento a la industria.
• Por todo esto, hoy la calle se movilizó: el cine no se toca.

Badiou no duda en definir al cine como una “situación filosófica”, porque allí convergen elementos disyuntivos como el hecho de ser pura abstracción- una imagen- y al mismo tiempo una ventana a la realidad- la “ontología” impresa en esa imagen-. Deleuze le dedicó  al cine un par de años y dos tomos sumamente complejos (La imagen-movimiento y La imagen-tiempo) al ver que el séptimo arte podía ser la profundización y continuidad de la teoría del movimiento de Bergson. La relación entre el cine y el pensamiento no depende de cuán profunda o retorcida sea una película ni mucho menos. En esta ocasión traemos dos que nada tiene que ver entre sí: un documental con el filósofo y psicoanalista Zizek como protagonista, donde la filosofía aparece como tema de la película, y un ensayo audiovisual de Chris Marker, donde el pensamiento está ligado a la forma, a la retórica de ese género que se caracteriza por por ser eminentemente reflexivo antes que narrativo.

Esta acción simbólica contó con la colaboración de muchas personas que se sumaron a la convocatoria de lavaca para exigir que el Estado active una campaña nacional para encontrar viva a Araceli Fulles, la joven desaparecida desde el 1 de abril. A partir del mediodía, en forma sincronizada y en diferentes puntos del país y de la ciudad de Buenos Aires se pegaron idénticos carteles que reclamaban lo mismo: encontrar a Araceli ya. Si el Estado no se mueve, la sociedad sí. Agradecemos a todas las personas que nos enviaron estas fotos de su acción. Aquí, una selección:

El periodista Raúl Zibechi analiza la crisis social y económica que vive Venezuela. “Estamos ante una lucha entre una burguesía conservadora venezolana que fue apartada del control del aparato estatal y una burguesía emergente que utiliza el Estado como palanca de acumulación”, dice para Brecha.

Lo que está sucediendo en Venezuela no tiene la menor relación con una “revolución” o con el “socialismo”, ni con la “defensa de la democracia”, ni siquiera con la manida “reducción de la pobreza”, por desgranar los argumentos que se manejan a diestra y siniestra. Podría mentarse “petróleo”, y estaríamos más cerca. Pero los hechos indican otras inflexiones.

Estamos ante una lucha sin cuartel entre una burguesía conservadora que fue apartada del control del aparato estatal, aunque mantiene lazos con el Estado actual, y una burguesía emergente que utiliza el Estado como palanca de “acumulación originaria”.

No es la primera vez que esto sucede en nuestras breves historias. Las guerras de independencia fueron eso: la lucha entre los decadentes “godos” (peninsulares monárquicos) y la emergente oligarquía “criolla” que utilizó el control del aparato estatal para legalizar la usurpación de tierras de los pueblos originarios. Los segundos se apoyaban en las potencias coloniales británica y francesa que competían con la decadente España por el control de las colonias independizadas, con la misma lógica de los progresismos que se apoyan en China, incluyendo conservadores como Macri, frente a la imparable decadencia estadounidense.

La débil burguesía criolla se montó en la movilización de los pueblos (indios, negros y sectores populares) para derrotar a los poderosos peninsulares. Concedió la emancipación de los esclavos con los mismos objetivos que hoy la nueva burguesía aplica políticas sociales que reducen la pobreza: en ambos casos los de abajo siguen estando en el sótano como mano de obra barata, sin haberse movido un ápice del lugar estructural que ocupan.

Nuevas élites

Las nuevas elites venezolanas, lo que popularmente se denomina “boliburguesía”, son una mixtura de altos funcionarios de empresas públicas y del aparato estatal, militares de alta graduación y algunos empresarios enriquecidos a la sombra de las instituciones. Gestores incrustados en el aparato estatal. Por eso se resisten a perder poder, ya que todo el entramado se les vendría abajo.

Algunos ya consiguieron trans­formar la renta apropiada en propiedad privada. Pero una buena parte está aún en ese proceso. Por eso el sociólogo brasileño Ruy Braga denomina a los gestores sindicales de los fondos de pensiones de su país, la nueva clase emergente, como parte de una “hegemonía frágil”.

Roland Denis sostiene que en su país gobiernan las mafias: “Maduro podrá tener la mejor voluntad pero se ha impuesto un lobby muy fuerte de mafias internas del gobierno” (La Razón, 27-XII-17). El filósofo y ex viceministro de Planificación y Desarrollo (2002-2003) asegura que varias de estas mafias son banqueras y otras vienen de viejos grupos de “chupa-renta petrolera” instalados desde hace muchos años.

Le pega duro a los “intelectuales” que encubren las matufias del poder. “Con un lenguaje de izquierda justifican una política que sólo ha favorecido a banqueros, grandes importadores, cadenas monopólicas y trasnacionales. A su vez, es una política que mediante la imposición de precios y corporaciones ha destruido al pequeño productor de azúcar y café para beneficiar a los importadores. Mientras tanto, los paquetes de Café Venezuela que vienen en las bolsas de los comités locales de abastecimiento y producción (Clap) sólo sirven para confundir a incautos.”

La otra mirada, la chavista-madurista que culpa de todo a otros, es la que esboza Marta Harnecker: “El tiempo histórico está a nuestro favor. Lo que nos ayuda en esta lucha contra las fuerzas conservadoras es que el tipo de sociedad que proponemos, y que estamos empezando a construir, responde objetivamente al interés de la inmensa mayoría de la población, en contraste con las fuerzas conservadoras que sólo benefician a las elites” (Rebelión, 4-IV-17).

Misma urdimbre

A la luz de lo sucedido en la región en las dos últimas décadas podemos arribar a una redefinición del concepto de izquierda: es la fuerza política que lucha por el poder, apoyándose en los sectores populares, para incrustar sus cuadros en las instituciones que, con los años y el control de los mecanismos de decisión, se convierten en una nueva elite que puede desplazar a las anteriores, negociar con ellas o fusionarse. O combinaciones de las tres.

La izquierda es parte del problema, ya no la solución. Porque, en rigor, aunque ahora empiecen los deslindes, los progresismos son hechuras de la misma urdimbre. Miremos al PT de Lula. Niegan la corrupción que es evidente desde hace una década, cuando Frei Betto escribió La mosca azul luego de renunciar a su cargo en el primer gobierno Lula, cuando se destapó el escándalo del mensalao: “La picada de la mosca azul inocula en las personas dosis concentradas de ambición por el poder. Las personas, entonces, son más receptoras al veneno de la mosca cuando viven situaciones en las cuales disponen, de hecho, de posibilidades más concretas de ejercer un poder mayor. Esto es, cuando las condiciones objetivas son favorables a los impulsos que están siendo estimulados en el plano subjetivo”.

¿Qué tipo de personas (militantes, activistas, dirigentes) surgirían en un proyecto político que no se proponga tomar el poder? Esta pregunta se la formularon, palabras más o menos, los zapatistas hace ya cierto tiempo. ¿Cómo le llamaríamos a una fuerza que se proponga, “apenas”, transformar la sociedad desde la vida cotidiana?

No lo sabemos porque el imaginario construido durante dos siglos apunta en dirección al poder estatal. Como si lo que hubiera que transformar fuera algo externo y no pasara, en primerísimo lugar, por las mismas personas que se dicen militantes. Lo que sí sabemos es que la izquierda realmente existente se ha convertido en un obstáculo para que las mayorías se hagan cargo de sus vidas. La polarización derecha-izquierda es falsa, no explica casi nada de lo que viene sucediendo en el mundo. Pero lo peor es que laizquierda se ha vuelto simétrica de la derecha en un punto clave: la obsesión por el poder.

Un grupo de 17 efectivos policiales quedaron detenidos tras ser imputados por “allanamiento ilegal, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad” por el fiscal Aldo Hernán Lozano luego de la violenta irrupción del 13 de abril a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Jujuy (UNJu), en la que fueron detenidos el presidente del Centro de Estudiantes y Consejero académico estudiantil, Joaquín Quispe, y el estudiante Ignacio García. El fiscal también imputó por “incumplimientos de los deberes de funcionario público” al exjefe de la policía provincial Aldo Soles y al exsubjefe Natalio Ruiz, quienes habían presentado la renuncia la semana pasada. Por su parte, el Consejo Superior de la UNJu rechazó las disculpas del gobernador Gerardo Morales (Cambiemos) y presentó una demanda penal por el accionar de la policía.

“Para nosotros la verdad fue muy importante contar con el apoyo y la solidaridad de ciento de instituciones, organizaciones, agrupaciones estudiantiles, medios de todo el país, sobre todo de las universidades nacionales de cada una de la provincias que nos hicieron llegar su acompañamiento”, dice a lavaca Joaquín Quispe, presidente del Centro de Estudiantes, uno de los detenidos. “Contar con el respaldo de tantos sectores nos fortaleció ante las desinformaciones y la estigmatización que se hacía sobre el estudiantado: la mayoría de los medios de comunicación de Jujuy actuaron e informaron, desde un primer momento, saliéndose de foco sobre lo verdaderamente importante que fue la vulneración de derechos institucionales de nuestra universidad y de derechos ciudadanos constitucionales. Mas valeroso aun fue el acompañamiento del estudiantado general de la universidad nacional de Jujuy que, dejando de lado ideologías y colores políticos, unificaron sus voces y marcharon en defensa de uno de los derechos más sagrados de la universidad: la autonomía universitaria”.

Quispe fue el primer detenido por preguntarles a los oficiales si contaban con orden judicial para la irrupción con armas largas en la Universidad. Luego denunció que, por negarse a sacarse la ropa para la requisa en la seccional 1ra, los policías lo asfixiaron levantantándolo del cuello, lo esposaron por la espalda y lo tiraron al suelo. Lo denunció en una carta a través de redes sociales: 

¿Cómo sigue la situación? Quispe: “La trascendencia en los medios que tuvo el incidente y las declaraciones del señor Gobernador tuvieron una influencia importante sobre la rapidez con que se está llevando la causa. La justicia en lo pronto determinó que se cometieron delitos penales graves. Sin embargo, queda mucho por delante para que se esclarezca lo sucedido y los responsables en toda su jerarquía asuman las consecuencias”. 

El gobierno jujeño atacó de nuevo al Estado de Derecho

Las causas armadas a 26 personas antes y después del Paro Internacional de Mujeres siguen abiertas, mientras los organismos de derechos humanos y la Procuraduría de Violencia Institucional juntan pruebas para demostrar que las detenciones fueron arbitrarias, violentas e irregulares y analizan el accionar de la Policía de la Ciudad. Cómo se desató la cacería desde el día 7 hasta el 8 a la madrugada y por qué el gobierno salió a cazar mujeres. Por María Florencia Alcaraz para lavaca.org

La construcción del 8 de marzo – primer Paro Internacional de Mujeres- en Argentina dejó un saldo represivo que pincela la estampa de las violencias estatales que hoy se despliegan sobre los cuerpos de quienes se apropian de las calles con reclamos y demandas concretos.

La madrugada anterior de la acción que reunió a más de 50 países en simultáneo, un grupo de 6 chicas -en su mayoría lesbianas- fueron perseguidas por tres hombres que las corrieron invocando a la “justicia de Dios”. Un operativo policial desmedido se desplegó alrededor de ellas en las calles de Almagro. Las acusaron de hacer pintadas y les abrieron una causa por “daño” que las tuvo privadas de sus libertades por más de doce horas. El multitudinario #8M terminó en Buenos Aires recrudeció esta imagen: veinte personas-15 mujeres y 5 varones- fueron detenidas, reprimidas, vejadas y torturadas tras la marcha por la nueva fuerza de seguridad de la Ciudad. Tanto en la comisaría 9na, como en la 1era, la 30 y la comuna 4ta donde estuvieron las personas presas en estas dos jornadas hubo vigilias hasta que las liberaran.

Las del #8M se fueron golpeadas y con expedientes judiciales abiertos por diferentes motivos: “daño agravado”, “atentado a la autoridad” y “lesiones”. A dos meses de esas detenciones, caracterizadas por los organismos de derechos humanos como arbitrarias e ilegales, las 26 personas detenidas el 7 y 8 de marzo tienen aún causas abiertas en su contra. La misoginia y lesbofobia punitiva parece actuar con celeridad cuando se trata de perseguir y criminalizar a las mujeres manifestantes, una velocidad que el aparato judicial no demuestra cuando se trata de investigar agresiones y amenazas de varones o activar mecanismos de protección para víctimas de violencia machista.

Las paredes están bien

• En el caso de las chicas del 7 de marzo la causa recayó en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas n° 20 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Juan Rozas. La causa tiene tres denunciantes –los defensores de las paredes-, quienes persiguieron a las jóvenes mientras iban caminando por calle Corrientes, dieron aviso a la policía y luego actuaron al servicio de las fuerzas de seguridad recogiendo, por ejemplo, unos aerosoles de las calles. Ninguno de ellos las vio pintando ni la Iglesia, ni el banco ni las sendas peatonales: todas pintadas convocando al paro que figuran como imágenes en el expediente. Actuaron casi como un grupo parapolicial. La abogada de las chicas, Gabriela Carpinetti, pidió a través de un escrito la nulidad de la causa. A partir de la declaración de una de las detenidas, Rozas resolvió ampliar en sede fiscal sus declaraciones testimoniales, que habían sido en la comisaría, y extraer más testimonios para investigar la eventual comisión de delitos de acción pública. Es decir, si hubo violencia institucional al momento de la detención y durante las horas que duró el encierro. De las pintadas por las que se las acusaba hoy solo quedan algunos rastros en sendas peatonales. Las paredes de la Iglesia Sagrado Jesús Sacramentado están blancas otra vez. Las chicas, con causas penales abiertas.

Detenciones sin orden judicial y provocadores plantados: detalles de una cacería

Las detenidas el 8

La cacería policial post 8M de detenciones sin órdenes judiciales se bifurcó en dos caminos.

• Una: tiene como imputadas a las víctimas detenidas. Se trata de 15 mujeres y 5 varones imputados por “daño agravado”, “atentado a la autoridad” y “lesiones”. Ese expediente tramita en el juzgado de Instrucción 35 e interviene la Fiscalía en lo Penal N 8 a cargo de Fernando Fiszer. En estas causas armadas actúan distintos abogados en defensa de las víctimas. La Defensoría General de la Nación, la Defensoría General de la Ciudad-dos de las detenidas son trabajadoras de este organismo- y también el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros particulares.
• Dos: un conjunto de expedientes tramitan en el Juzgado de Instrucción 59, a cargo de Laura Belloqui. La madrugada de la represión a partir de un habeas corpus presentado por la abogada Luciana Sánchez en nombre de todas las personas en las comisarías. Esa acción judicial fue declarada abstracta tras la liberación. La jueza de turno, Laura Graciela Bruniard, extrajo copia de la denuncia de apremios ilegales, la cual fue sorteada y recayó en el Juzgado de Instrucción 59. En esa misma sede judicial tramita una denuncia penal hecha por la abogada de derechos humanos Elizabeth Gómez Alcorta contra funcionarios porteños, entre ellos, el jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar; el Ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, y Marcelo D’Alessandro, Secretario de Seguridad.

Violencia institucional

La jueza Belloqui ya cuenta con un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) que luego de tomar una veintena de declaraciones con acompañamiento de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC) elaboraron un dictamen en el que concluyen que se trató de hechos de violencia institucional que deberán ser investigados para determinar las responsabilidades de las fuerzas de seguridad que intervinieron. Balas de goma, gas pimienta en los ojos, gases lacrimógenos, requisas vejatorias, manoseos, insultos y maltratos de todo tipo relataron por las propias víctimas y testigos de la represión ocurrida pasadas las 20 horas, en plena desconcentración.

Entre ellas está el relato de una de las jóvenes que tuvo que ir al hospital Argerich después de recibir cuatro balazos de goma: dos impactaron en su estómago, otro en la mano y el cuarto en la ingle. Uno de los detenidos contó que perdió el conocimiento en la calle por los golpes y la paliza que recibió de los agentes armados. Las mujeres fueron obligadas a desnudarse más de una vez durante la detención, a algunas les revisaron nalgas y vaginas. Además, las detenidas recibieron amenazas y agresiones atravesadas por el machismo y la lesbofobia. Las trataron de “pibe” y “negra de mierda”, entre otros insultos.

Todas las detenidas en la Comisaría 30ª, por ejemplo, eran mujeres lesbianas y de tez morocha, por lo que la PROCUVIN concluyó que “la presente investigación debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la particularidad del caso, pues más allá de que los hechos puedan ser subsumidos en  los tipos penales vinculados a la violencia institucional, debe sumarse que, dicha violencia fue motivada por razones de género y odio hacia la orientación sexual de las víctimas”.

Según el dictamen de PROCUVIN, las detenciones fueron arbitrarias, violentas e irregulares. La mayoría no sabía por qué estaba detenida. Los policías no se lo informaron y tampoco se identificaron. En los testimonios se repite un accionar: un grupo de varones de civil las intercepta y “entrega” a los policías de uniforme.

“Los elementos hasta ahora incorporados permitieron inferir la ausencia de recaudos especiales por parte aquellos funcionarios encargados de diagramar y coordinar el operativo policial, a fin de resguardar la integridad física y garantizar el ejercicio del derecho de reunión por parte de aquellas personas que se encontraban manifestándose en forma pacífica”, señala el dictamen que lleva la firma del titular del PROCUVIN, Félix Crous, y del fiscal ad hoc a cargo del Área de Violencia Policial, Maximiliano Medina.

En torno a la represión del 8M además, según el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, se abrió un sumario administrativo para investigar la actuación policial pero ninguno fue separado de su cargo. En declaraciones a los medios el funcionario porteño justificó el accionar policial. Dijo que “la Policía actuó en función de la escalada de violencia brutal” de la movilización. Habló de “grupos violentos” que arrojaron “bombas molotov”, sin embargo esto no se observa en los vídeos y fotos.

Cronología de la represión

El dictamen de PROCUVIN traza tres etapas de la violencia estatal desplegada el 8 de marzo.

1. Primera: Ante un principio de incendio en la zona de la Catedral metropolitana, los efectivos de la Policía de la Ciudad arrojaron gases lacrimógenos, gas pimienta y proyectiles antitumulto –desde corta distancia-. En ese mismo momento se produjeron detenciones arbitrarias, violentas e irregulares. Detenían a personas que no estaba relacionada con el principio de incendio.
2. Segunda: En las inmediaciones de las calles Bolívar y Diagonal Sur un camión hidrante comenzó a dispersar a la gente que aún quedaba en el lugar. Allí estaban el grupo Kidz y jóvenes bailando música electrónica. Hubo detenciones violentas e arbitrarias y gas pimienta. Algunas de las víctimas fueronllevadas a la rastra entre varios efectivos policiales.
3. Tercera: A las 22 horas un grupo de agentes increpó a un grupo de mujeres que cenaba en una pizzería de la calle Perú. Los agentes les pidieron que abandonaran el lugar y al preguntar las razones, muchas de ellas fueron agredidas, detenidas e introducidas en un camión de la Policía de la Ciudad.

El diario recuperado por sus trabajadores se convirtió en otro ejemplo de que se puede hacer periodismo sin patrón y a gran escala. Son más de 100 familias que vivieron el abandono empresarial, los sueldos impagos y la estigmatización; se compusieron con festivales multitudinarios y el apoyo de los lectores; y debieron enfrentar el destrozo de su redacción por una patota. Hoy festejan su primer año trabajando de manera autogestiva con un acto en el sindicato FOETRA y un panel para debatir el rol del periodismo independiente. Voces y testimonios que demuestran cómo es posible otra forma de crear comunicación.

Guido Molinari tiene 25 años, estudió en TEA, trabajaba en la sección Deportes siguiendo la campaña de River y hoy es uno de los responsables del área comercial de un diario que hace historia. “Antes podíamos ir y hacerle una entrevista de dos páginas a Diego Milito pero puteábamos cuando había que recortar la nota porque entraba una publicidad: hoy nos abrazamos”, dice en medio de la redacción que recuperó junto a 105 compañeros y compañeras. “Me emociono: antes estaba contento por redactar noticias de deportes, pero ahora sé que además puedo animarme a hacer cosas beneficiosas para un colectivo de trabajo”.

La trayectoria de Guido se ubica en un contexto mayor: el 19 de abril se cumplió un año de la recuperación de Tiempo Argentino, el periódico vaciado por los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, viejos dueños de Grupo 23. Luego de sueldos atrasados, un festival multitudinario en Parque Centenario, una tirada autogestiva que agotó 30 mil ejemplares el 24 de marzo del 2016 y la violenta irrupción de una patota a la vieja redacción coordinada por el empresario Mariano Martínez Rojas bajo la supervisión de la Policía Federal, los 105 trabajadores lograron poner en funcionamiento el medio en forma cooperativa. Este miércoles realizarán un festejo en el auditorio de Foetra (Hipólito Yrigoyen 3171) con un panel  que contará con la participación de Claudia Acuña (Revista MU), Ingrid Beck (Revista Barcelona), el periodista Carlos Ulanovsky y el investigador Martín Becerra. Habrá música y brindis.

Y muchos abrazos de gol.

Guido hace la crónica deportiva: “El cambio fundamental en nuestras cabezas se da en el día a día de ver el diario impreso los domingos, ese momento en que llegamos a estar en la calle de nuevo. Ahí te das cuenta que hay que ponerse para que esto siga creciendo. Lo fundamental es que acá estamos: todos pensamos en algún momento que esto no daba más, pero fortalecimos el laburo. Si bien la cooperativa surgió porque no tuvimos otra opción, después nos fuimos enamorando. Y no teníamos la cabeza para entenderlo hasta que nos lo dijeron: ahí nos dimos cuenta que era posible”.

Clases de autogestión

Malena Winer era jefa de corrección y entraba a trabajar todos los días a las 18 hasta el cierre del diario.  A veces la jornada se extendía hasta que terminara un partido de Copa Libertadores o Sudamericana. Hoy es la tesorera de la cooperativa votada en asamblea: “Me cambiaron los horarios. Ahora tenemos que ir al banco bien tempranito”. A su lado está Laura Palumbo. “Yo soy diseñadora, pero ahora estoy en la administración: hago cheques, pago a proveedores”.

No pueden creer que ya pasó un año de la recuperación. Malena señala los cuadros que decoran la oficina: son los que rescataron después del ataque de la patota a la vieja redacción. Laura: “Todo parece que hubiera pasado hace cinco años. Estoy orgullosa del equipo que formamos. Sacamos el diario, conseguimos nuevo edificio y nos mudamos: lo más lindo es que todo lo hicimos nosotros”.

¿Qué significa pasar del trabajo cotidiano a la administración de una cooperativa? Malena responde: “Me postulé sin saber mucho, pero con la certeza de que había que hacerlo. En todo este tiempo nos fuimos cruzando con muchas recuperadas que nos decían que siempre hubo que sortearlo: estos lugares eran de un patrón y ahora lo tenés que hacer vos. Ahora te hablo suelta de cuerpo, pero hemos llorado, hemos pasado fines de semana llenas de nervios, con dudas para endosar un cheque, depositar algo y ver si se acredita o no. No es fácil, pero está bueno que todos lo aprendan”.

Malena piensa: “Si hubiera un estatuto general para todas las recuperadas yo propondría que cada socio, al menos una vez, debiera pasar por esto o saber una parte: hace al hecho. Nosotros tratamos que en cada retiro que se entrega a los compañeros haya una explicación acerca de dónde viene la plata, cómo, por qué, por qué hay un peso más o un peso menos, explicar que el sistema de Papel Prensa está concentrado y que a los medios independientes nos acosan”.

¿Qué más aprendieron? “Que otra de las deudas de las recuperadas es la formación. Cuando se toma un puesto, por la vorágine de las situaciones cuesta mucho delegar y traspasarlo de a poco. En cada asamblea contamos qué se debatió en el consejo de administración para, de alguna manera, ir dando una capacitación interna. Tenemos que poder desmitificar eso, hacerlo libre y a la luz, para permitir que otro se pueda postular y que esto se renueve. No se pueden pensar las recuperadas mediante una persona, sino a través de un equipo. Desde su nacimiento hasta su supervivencia. Los puestos después van rotando, habrá algunos que se den más maña, pero eso también hay que entrenarlo, para que cada compañero sepa no sólo de dónde vino el dinero sino qué se hizo”.

Choripanes & periodismo

La edición sin patrón de Tiempo Argentino posee una tirada de 30 mil ejemplares y la página web genera más de 400 mil visitas por mes. Además, cuentan con 400 mil seguidores en Twitter y otros 300 mil en Facebook. Tambíen elaboraron un sistema para invitar a sus lectorxs a asociarse: a través de un monto que va de 132 a 228 pesos al mes, la cooperativa garantiza el acceso a ciertos beneficios, como el envío de la edición dominical del periódico, una edición de la Revista T cada tres meses, acceso al contenido periodístico antes de que esté disponible para el resto de las visitas a la web, entradas gratis y 2×1 para teatros, cines, recitales y eventos, la participación en sorteos.

“La permanencia en el diario nos fortaleció, nos formó: estuvimos vendiendo choripanes con el que antes era el jefe de redacción”, dice Nicolás, 28 años, otro de los socios de la cooperativa. “Siempre hubo buena onda, pero lo que produjo fue que los jefes y los pibes estábamos a la par defendiendo el laburo. Se vieron las dos generaciones, y se combinó la experiencia de quienes hace mucho venían trabajando en redacciones y los que teníamos más ganas y voluntad de seguirla”.

Guido Molinari: “Nos quisieron destruir, pero acá seguimos. Hasta lo de la patota nosotros veníamos muy bien, el diario se vendía, pero el ataque quizá forjó un poco más nuestra identidad. Ese día todos fuimos a defender el diario, y eso nos dio un orgullo tremendo. Si ya es difícil hacer un periódico en este contexto político y económico, nosotros demostramos que lo podemos hacer y que, además, hay otras formas de poder pensar la comunicación”.

Autogestión o dependencia

Javier Borelli, periodista y presidente de la cooperativa, ubica un momento entre los innumerables flashbacks que se suceden a 365 días de la recuperación: el 24 de marzo de 2016. Ese día los periodistas de Tiempo salieron a la calle y agotaron 30 mil ejemplares. Cada uno tenía un precio de 20 pesos, pero muchos les pagaban con billetes de 100: no aceptaban el vuelto. “Queremos que sigan”, alentaban. Borelli: “Fue un respaldo muy fuerte. Nos ilusionaba pensar que había mucha gente deseando que estuviéramos ahí. Y nos dimos cuenta que había un espacio para ocupar, que no estaba siendo tomado por muchos medios masivos alineados políticamente con los intereses de los sectores de poder en Argentina. En la asamblea siguiente repartimos algo de esa plata pero decidimos reservar un monto para editar las primeras 3 impresiones. Y salió. Por eso decimos que sin ese 24 de marzo Tiempo no hubiera sido nada de lo que después”.

Con la cooperativa en marcha, el 4 de julio sufrieron la violenta irrupción de una patota a cargo del empresario Mariano Martínez Rojas que quería retomar las riendas de un periódico que ya había decidido trabajar sin patrón. La patota destrozó la redacción. En ese entonces el cerrajero Guillermo José María Carrasco reveló a lavaca que la Policía Federal había franqueado el acceso. Luego lo confirmó en sede judicial. ¿Cómo sigue esa causa? La Justicia porteña probó que era un ataque a la libertad de expresión y elevó el expediente a la Justicia federal, que cayó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. El magistrado giró el conflicto al juez Daniel Rafecas porque era el funcionario judicial que entendía en la causa por al ataque de Martínez Rojas a la antena de Radio América. Sin embargo, Rafecas la rechazó. Hoy la causa espera la resolución de la Corte Suprema.

La cooperativa festejará este miércoles su primer año autogestivo en un acto en el Auditorio de Foetra. Borelli: “La idea es volver a encontrarnos con los lectores. Esa devolución nos carga de energía. Y también, a partir del panel que convocamos, queremos poner el eje en pensar qué es lo que estamos haciendo. Tenemos un planteo como disparados y provocación que es pensar al periodismo en términos de autogestión o dependencia. Hoy en día las grandes empresas periodísticas se sostienen por la publicidad o por aportantes políticos que también condicionan la producción. Ante eso la respuesta de la autogestión es una respuesta de la independencia entendida desde un lugar en el que no queremos tener ningún condicionamiento político ni económico”.

¿Cómo impactó la autogestión en la comunicación que practican?

-Lo que pasó con Tiempo es que generó una identificación muy importante en los lectores y en quienes acompañan este proceso. Vos lo ves: somos los mismos los que estamos acá y los que estamos en administración y vendemos la publicidad. Hay una identificación muy fuerte con nosotros y el producto, y eso esta vinculado con la autogestión, porque nuestro único compromiso es con los lectores y la información. Y en ese sentido hay una libertad muy grande para desarrollar temas como nosotros nos gusta: la diferencia entre lector y productor es solamente en qué momento de la cadena está. Nosotros nos pensamos como parte de ese mismo colectivo que sostiene este proyecto.

Nosotros también.

Felicidades, Tiempo.

Por muchos años más.

El martes por la mañana la policía ingresó a Radio M 104.1 en Virrey del Pino, La Matanza, y avalada por una orden judicial decomisó los equipos de transmisión y se llevó detenido a Ariel Montes, el director. Al llegar a la comisaría, se encontró con que había otra radio en la misma situación: la FM 87.7 de Merlo. Ambas están imputadas con causas penales en el Juzgado Federal n° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, que actuó avalado por una reciente resolución del ENACOM.

El martes por la mañana la policía ingresó a Radio M 104.1 en Virrey del Pino, La Matanza, avalada por una orden judicial. Se llevaron equipos de transmisión radial y, lo más grave, detuvieron a su dueño Ariel Montes, a quien tuvieron horas en la comisaría, de donde se fue con una causa penal. Según le explicaron, todo está en el marco de un cambio que el ENACOM notificó este 6 de abril a través de un decreto que facilita la confiscación y la penalidad a integrantes de las emisoras.  Cuando ya nada podía ser más grave, integrantes de la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines de la Matanza (UCAYA) llegaron a la comisaría y se encontraron con que había otra radio en la misma situación que no conocían: la FM 87.7 de Merlo. Ambos están imputados, las causas son penales y están en el Juzgado Federal número 2 de Morón.

Guillermo Saucedo de UCAYA, lo cuenta: “Nosotros estábamos la mayoría de las radios, como ocho, en Capital cubriendo la carpa docente. De pronto nos llaman que se habían llevado los equipos pero también a Ariel. Cuando llegamos a la comisaría nos dicen que está demorado, no detenido pero la causa es penal. Estuvo en la comisaría de Morón casi todo el día porque después lo tenían que trasladar a donde hubiese un médico para controlar que no le hubiese pasado nada en la comisaría tantas horas.  Tuvieron que ir hasta Liniers donde había médicos, pero en Morón no había patrulleros para llevarlo. Todo esto llevó todo el día”.

Los policías actuaron por orden del juez Jorge Ernesto Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón. “La orden judicial decía que había que decomisar la radio y en caso de ser necesario usar la fuerza policial. El motivo que dieron es por un acta labrada en febrero donde lo acusaban de generar interferencia en una señal de radiofrecuencia de aviación”. Las dos radios (Radio M de Virrey del Pino y FM 87.7 de Merlo) habían sido notificadas por el ENACOM acusadas de tener interferencias a radiofrecuencias del Aeropuerto. Relata Saucedo: “Ariel en ese momento apagó los equipos e hizo los arreglos durante el mes de febrero para que eso no ocurriese más. La policía no le dejó explicar esto porque no le dieron chance de hablar nada. Le leyeron los derechos, entraron al edificio, y se llevaron las cosas y a él detenido. Es un nivel de violencia estatal terrible”.

Por su parte, el presidente de la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines, dijo a Matanza Digital:“Lo que estamos sospechando que la interferencia con el Aeropuerto es una excusa para decomisar radios y la detención del referente de la emisora es claramente un mensaje para el sector”.

Contexto

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) emitió una Resolución que otorga a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización del organismo la facultad de disponer la “clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o decomiso”, de estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción, incluyendo las de radiodifusión, “con el concurso del poder judicial y la fuerza pública, en caso de ser necesario”.

La Resolución 2064-E/2017  tiene fecha del 31 de marzo. Sin embargo fue publicada este jueves 6 de abril, día de paro nacional. El texto otorga a la mencionada Dirección la posibilidad de decomisar equipos y hasta clausurar emisoras no autorizadas o en infracción, junto con el Poder Judicial y la fuerza pública. Si bien esto es algo que ya el Estado podía hacer (ver caso Antena Negra) resulta peligroso para el amplio campo de la comunicación independiente, pues muchas de sus emisoras sufren de una precariedad jurídica que les impide desarrollarse con tranquilidad.

La lectura que hace Guillermo sobre la situación de las radios comunitarias para lavaca es: “Están queriendo disciplinar al sector. Y las personas que no cumplan la legalidad que ellos pretenden, no tienen lugar. Ellos pueden hacer lo que quieren: de hecho, hay una ley de comunicación audiovisual y no la cumplen. Que  te lleven el equipo ya es grave, pero que encima lleven a los periodistas, es una violencia que no podemos permitir”.

Sin aviso previo, Editorial Atlántida –controlada por el holding mexicano Televisa- despidió a 24 periodistas y cerró cinco de sus revistas: Cosmos, Vanidades, Bazar, Ser padres hoy y Runners. La Comisión Interna comunicó que los trabajadores realizan un paro de 24 horas y exigen al Ministerio de Trabajo que declare la conciliación obligatoria, para que se dejen sin efecto los despidos y abrir así una instancia de diálogo. Los antecedentes de estafa a través de la distribuidora Bertrán y el comunicado de la asamblea de trabajadores.

Televisa es el mayor holding de comunicación de Latinoamérica y había adquirido a Editorial Atlántida en agosto de 2007 por una suma que nunca trascendió, pero que en la nota del diario La Nación que informó la compra se calculó en “entre 30 y 60 millones dólares”. Por entonces, ya operaba en el mercado de revistas argentino a través de una editorial que editaba 22 títulos y de una distribuidora, Bertrán, que concentraba el reparto en el interior del país. Televisa cerró Bertrán hace dos años, en una turbia operación que hasta hoy sigue impune: vació sus oficinas y se fue, dejando deudas impagas e incobrables entre varios editores. Sólo en sector de revistas culturales independientes la deuda impaga alcanzó al millón de pesos y, a pesar de haber sido denunciada ante en la Dirección de Control de Distribución de Publicaciones que depende del Ministerio de Trabajo, nunca fue ni sancionada ni requerida la deuda. Tampoco fue publicada la convocatoria de acreedores de Bertrán, por lo cual los reclamos de pago no tienen dónde presentarse. A pesar de esta maniobra que afectó a una docena de editores, la Asociación Argentina de Editores de Revistas permitió que representantes de Televisa y su empresa controlada, Editorial Atlántida, ocupen puestos clave en su comisión directiva.

Ahora, a estas maniobras de vaciamiento, se suman los despidos y el cierre de títulos.

Este es el comunicado de la Comisión Interna:

“Editorial Atlántida: paro total por la reincorporación de los 25 despedidos

La empresa de capitales mexicanos decidió despedir a 25 trabajadores y trabajadoras de prensa, sin iniciar ningún proceso previo de discusión con nuestra Comisión Interna y sin siquiera dar a conocer la lista definitiva de los afectados. Frente a eso, la Asamblea de trabajadores de Editorial Atlántida Televisa definió por unanimidad un paro total de 24hs para que la empresa que retrotraiga esta medida.

Al mismo tiempo, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) se notificó al Ministerio de Trabajo del conflicto colectivo para que dicte una conciliación obligatoria y abra una instancia de negociación con todos los trabajadores adentro y en funciones.

A esta situación, se suma la amenaza de la empresa contra los trabajadores a través de un supuesto plan que constaría de más despidos. Esta situación se suma a los 28 despidos que se llevaron adelante hace exactamente un año, el 27 de abril de 2016.

El viernes los trabajadores de la Editorial se volverán a juntar en sus puestos de trabajo para garantizar el paro y realizar una nueva Asamblea para definir los pasos seguir, de no haber una respuesta positiva por parte de la empresa.

Por último, el conjunto del gremio de prensa resolverá en la Asamblea General del sábado 29 cómo acompañar de manera activa el conflicto que atraviesan los compañeros del grupo Atlántida-Televisa.

¡Ni un despido! ¡Todos adentro!”

Asamblea de trabajadores de Atlántida.